La crisis financiera continúa dando sustos a las empresas. Como si se tratase de un monstruo que nos va enseñando a cada paso un nuevo tentáculo, sus efectos se van ramificando y ahora su último golpe ha impactado con fuerza en el sector energético. Las compañías eléctricas necesitan buscar financiación para cubrir el déficit tarifario -la diferencia entre lo que se cobra por la energía en nuestra factura y lo que cuesta realmente-, valorado en unos 14.000 millones de euros. Con el fin de tapar este abismal agujero en su contabilidad, las empresas del kilovatio recurren a la conversión de esta deuda en títulos que subastan entre los bancos. Sin embargo, este año el monstruo de la crisis financiera asoma en el horizonte, sembrando la inseguridad. En este contexto, la entidades han decidido evitarse complicaciones y abstenerse de comprar esta suerte de bonos. En cualquier caso, el verdadero responsable de este fracaso es el Estado, que se ha negado a garantizar esta deuda fruto de su legislación intervencionista. Así, en lugar de cobrar a los consumidores justamente aquella energía que utilizan, el Gobierno actual prefiere posponer el pago, manteniendo un sistema artificial e insostenible a largo plazo; pese a que la Unión Europea exige que se elimine este desfase y que se abone el coste real de la producción. Ahora, el Gobierno se replantea garantizar estos títulos de cara a la próxima subasta en junio de 2008. Sin embargo, semejante medida sólo supone un parche. El Gobierno debería estar pergeñando una transición escalonada hacia un modelo en el que la demanda no esté distorsionada. Lo contrario consiste en favorecer una demanda energética artifical, que fomenta el derroche.