Las demandas nacionalistas empiezan a materializarse en forma de desarrollos normativos, por lo menos en lo que a materia tributaria se refiere. Así lo ha publicado hoy elEconomista: según el Boletín Oficial del Estado (BOE), a partir del próximo 1 de enero, la inspección de la tributación por el llamado régimen de módulos, la de regímenes especiales de la agricultura, ganadería y pesca, y el recargo de equivalencia del IVA, será competencia de las delegaciones autonómicas de la Agencia Tributaria. Esto no es, de momento, una descentralización tributaria efectiva, pero empieza a allanar el camino para la instauración de Agencias Tributarias autonómicas independientes. Según la Agencia, detrás de esta descentralización no hay objetivos políticos, sino la intención de mejorar la eficacia de los procedimientos tributarios. Sin embargo, es difícil no enmarcar esta decisión del area económica que dirige Solbes en el marco de la reelaboración del modelo territorial español. Una descentralización tributaria que, en nuestro país, iría fatalmente unida a una notable autonomía en el diseño de la politica impositiva, heredada de los derechos historicos de las haciendas forales. Los resultados de este mix son impredecibles y no tiene precedentes internacionales, superaría con creces la descentralización federal alemana o la de los países escandinavos. Sería una desnaturalización de facto de los pilares estatales. En el ámbito económico, esta decisión daría la puntilla al principio constitucional de la solidaridad interterritorial y a la unidad de mercado. Y lo peor es que, mientras jugamos a inventarnos un nuevo modelo de Estado, la presión fiscal se ha incrementado un 7 por ciento en esta legislatura. Perdemos competitividad y poder adquisitivo... y los políticos a lo suyo.