Las referencias hechas en nuestro anterior artículo sobre el tema de la degradación de las costas españolas, creo que son bien expresivas de una situación trágica. En los términos de unos "bienes comunes" que por no tener un propietario o un controlador claro y efectivo, han venido siendo objeto de destrucción y alteración por intereses económicos particulares de lucro a corto plazo. Esa situación es preocupante desde los ángulos ecológico y político, y lamentablemente se traduce en presentaciones ambiguas y nada promisorias por parte del Ministerio de Medio Ambiente, que promete ir a una acción reparadora. Lo cual contrasta no sólo con la negligencia de ese departamento hasta el presente, sino también con las actitudes crecimentistas e indisciplinadas de las CCAA, cada una a su aire, y que nadie previene en el ambiente de permisividad en que se mueve todo. En el contexto que hemos ido viendo, los anuncios que ahora se nos hacen de repararlo todo, resultan más que confusos. Al preverse demoliciones que en muchos casos serían penosas, al afectar a bienes -aunque en muchos casos sean mayormente "males"- que se han ido generando con todos los permisos legales de autoridades tan negligentes como a veces corruptas. De modo que la acción contra las acciones degradantes del pasado, acabaría chocando con una larga secuencia de vericuetos legales y judiciales; redundantes, a la postre, en la más lamentable ineficacia. La cosa hay que estudiarla en profundidad, aunque sea con urgencia, para actuar consecuentemente, y no conforme a una especie de "síndrome de dinamiteros". Que quedaría muy lejos de cualquier pretensión de que se emprende una auténtica "destrucción creadora", al modo en que nos ilustró Joseph Schumpeter hace más de medio siglo. Porque esa célebre expresión del autor de la "Historia del Análisis Económico", se refiere a la innovación empresarial frente a la rutina. Y en el caso que nos ocupa, estamos ante una lamentable desidia oficial sin ningún horizonte claro de que las cosas puedan ir a mejor. A mayor abundamiento, que dicen los castizos, en el supuesto de procederse a la destrucción de los "activos anti-naturaleza" que se hayan detectado, seguramente se crearía una sensación extremadamente patética: la de un Estado que no ha sabido intervenir a tiempo, y que después ni siquiera respeta unos "derechos adquiridos", por mucho que éstos sean, en tantos casos, contrarios al interés general. Todo lo cual acabaría generando una sensación de repulsa a efectos de invertir en España desde fuera, como en parte ha sucedido en los últimos meses a causa de no pocas anomalías inmobiliarias bien conocidas. En el sentido que vamos apuntando, más que ir a comprar espacios naturales o a demoler edificios y urbanizaciones, lo que cabe preconizar es constituir una vigilancia rigurosa para la efectiva aplicación de la Ley de Costas. Por parte de la Administración General del Estado -Ministerios de Medio Ambiente, Vivienda y Defensa-, junto con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Sencillamente, porque las costas son bienes de interés general, que deben tener, en toda lógica, una supervisión global y única, con la dirección clara de la Administración General del Estado. A efectos de procedimiento, podría segmentarse el litoral, adecuadamente, con sistemas de seguimiento continuo en cada una de sus porciones. Porque si Google ya cuenta con toda la cartografía del planeta en su página Earth, hay que preguntarse qué impide al Estado español (y el Estado somos todos) controlar lo que sucede realmente en nuestras costas. A cuyo efecto podría crearse una "Agencia Nacional", incluyendo otros servicios -que buena falta hacen- relacionados con el extenso litoral marítimo que tenemos: vigilancia de narcotraficantes, aprensión de "negreros" de la inmigración, contrabando, servicio de asistencia al tráfico marítimo, etc. Para enjuiciar al Ministerio de Medio Ambiente en sus actuales intenciones, hay que tener conciencia de que "llueve sobre mojado". Desde el punto y hora en que ese Departamento es especialista en prédicas lamentativas y en promesas vacuas. Y sólo como botones de muestra cabe citar los cambios radicales de política, como sucedió con el trasvase del Ebro (previsto por el PSOE en los tiempos en que el Sr. Borrell ministreaba el MOPU), que se vio desmantelado sin más explicaciones científicas ni consensos de ninguna clase; creando además la más absoluta incertidumbre en la línea de las célebres desaladoras. En la misma trama de inconveniencias del célebre Ministerio, hemos comprobado en los últimos tiempos cómo la Ley de Parques Nacionales ha sido desnaturalizada en su aplicación, por la falta de revisión de la misma a propuesta del Gobierno. De modo que de "nacionales" sólo les queda el nombre. E incluso se nos informó de que la red de embalses está insuficientemente aprovechada, sin que a la postre se nos haya dicho todavía nada sustantivo sobre el modo de mejorar su funcionamiento. Como también pudimos escuchar, en los inicios del gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero que el turismo de sol y playa está más que periclitado, y que había de irse a otro modelo. Cosa que nadie se ha preocupado ulteriormente de diseñar. Y tampoco el Ministerio de Medio Ambiente se hará famoso por el cumplimiento de los compromisos de Kioto, de no superar el 115 por 100 de las emisiones de 1990 para el 2012. Cuando a la altura del 2007 ya hemos desbordado el nivel de 150. Todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando ahora se derraman sollozos políticos al constatarse la casi secular inobservancia de nuestras normativas de Costas, viniendo con vacuas promesas, y amagos radicales en pro de preservar, en lo que queda, una de las mayores riquezas nacionales. Un poco más de seriedad es lo que modestamente cabe pedir.