Bajo la proclama de la justicia social, Mariano Rajoy sorprendía a propios y extraños anunciando que, si vence en las próximas elecciones, aprobará una subida de 150 euros de las pensiones mínimas de jubilación y de viudedad. Así, recurriendo a la fortaleza de la economía, Rajoy desvelaba una promesa electoral que costaría a a las arcas públicas 4.000 millones de euros. "Creo en un gasto social con criterios de justicia y responsabilidad, un gasto social destinado a atender las necesidades reales de la gente. Lo que no quiero son ocurrencias", aseguró. En el discurso de Rajoy, hubo muchas similitudes a los argumentos esgrimidos por Zapatero en tiempos pasados. Hace dos años, con el anuncio del incremento de las pensiones más bajas, el presidente del Gobierno se refirió a la necesidad de aprovechar la buena coyuntura económica para colocar a nuestro país en "el mejor momento de justicia social de su historia". Sin entrar a valorar los efectos nocivos que para las cuentas públicas, la inflación o la sostenibilidad de las pensiones, pueda tener este anuncio, sorprende aún más viniendo de donde viene. A lo largo de esta legislatura, han sido frecuentes las recriminaciones del PP al Ejecutivo por su escaso sentido de la contención presupuestaria. La preocupación por la marcha de la economía va en aumento. Las incertidumbres se incrementan y deberían forzar a los partidos políticos a abandonar el show electoral y a perfilar sus programas con algo más de responsabilidad. El Pacto de Toledo fue un ejercicio de sensatez para alejar al sistema público de pensiones de tentaciones electoralistas. Pero a juzgar por lo que estamos viendo, parece haber servido de poco.