El Ministro de Justicia ha dicho, recientemente, que hay que resolver el problema de la Justicia, modificando el sistema de acceso; la oposición y en su lugar acudir a los mejores universitarios. Supongo que con la habilidad que caracteriza al ministro Bermejo ha conseguido su objetivo: sensibilizar a la opinión pública del problema que padece la Administración de Justicia al mismo tiempo que ha abierto una vía para poder paliar el paso de la línea conservadora dentro de la Magistratura, junto al populismo que suponen la abolición de las oposiciones. Sin embargo, lamentablemente, no es pionero en la idea y además la idea está, de otra forma, incrustada en nuestros jueces, mediante la figura de jueces sustitutos o accidentales, que acaban siendo permanentes y estructurales dentro del organigrama de funcionamiento de la Administración de Justicia. Hace ya muchos años, en los albores de la transición, un personaje relevante en el pensamiento socialista, ya dijo algo parecido "... Como no podemos cambiar el colectivo, hagamos que accedan al colectivo los nuestros ...". Pero fuera de estas veleidades políticas, es necesario afirmar que nuestros jueces y magistrados son dignos de encomio; a pesar de quien esto suscribe reconoce que la Administración de Justicia es mala y a veces peor. Sin embargo el problema no está en la calidad, dedicación y esfuerzo de nuestros jueces y magistrados, llamados de carrera, esta en cualquier otro sitio menos en la idoneidad de la inmensa mayoría de nuestros jueces, magistrados y fiscales. Si en cambio es un problema el número de jueces, magistrados y fiscales absolutamente insuficientes para el número de asuntos. También está en la estructura judicial, la supresión de la llamada justicia municipal o comarcal, que aliviaba a los Juzgados de Primera Instancia en su carga de trabajo. El tercer lugar es la mala técnica legislativa. Los Tribunales no deben asumir las consecuencias de una legislación oportunista, con mala técnica y un desconocimiento absoluto del proceso judicial, como muestra un botón: la Ley Concursal. La ausencia de medios para una correcta administración de justicia, que acarrea la desconsideración salarial para los miembros de la carrera judicial y hace menos apetecible para los nuevos licenciados en Derecho dedicarse a "sacar una oposición". La falta de consideración social y profesional, hoy día ni la Sociedad ni el resto de profesionales del derecho respetan a los miembros de la carrera judicial y fiscal, como sin duda merecen. Si de verdad el ministro de Justicia quisiera abordar una "reforma a mejor" de la Administración de Justicia, es importante que nos centremos en el legislativo, allí se hacen las leyes y se determinan los presupuestos, y las grandes soluciones están en lo uno y lo otro: Leyes bien elaboradas, no textos legislativos frutos de la improvisación, del pacto de última hora o de la promulgación de una Ley para acallar el interés social, o ver la Ley como instrumento electoral, y por supuesto incrementar vía Estado y Comunidades Autónomas las asignaciones presupuestarias para la Administración de Justicia. La Administración de Justicia debe tener un tratamiento serio, dejarnos de soluciones para la galería, pues ésta, la Administración de Justicia es fundamental para el respeto de las reglas del juego, máxime en un ordenamiento como el nuestro donde la jurisprudencia tiene un papel principal. Los sistemas de acceso deben procurar que nos garanticen recibir hombres y mujeres adecuados para el ejercicio que se les demanda: la Administración de Justicia para ello de una vez por todas hay que dar el tratamiento económico y social adecuado a tan noble misión, y que podamos tener el número de jueces adecuado a las necesidades reales, para que las resoluciones judiciales sean fruto de la reflexión y no del destajismo en el que hoy se desenvuelven nuestros Juzgados y Tribunales, baste recordar hoy que todavía el Tribunal Supremo no ha fallado ningún recurso de Casación Civil conforme a la última Ley de Enjuiciamiento Civil y ésta fue publicada en el BOE del 8 de Enero de 2000. Por último, ante la escasez de jueces, si de verdad queremos dar acceso a personas capaces, sin ser de carrera, hagamos un acceso de aquellos profesionales que con la debida experiencia lo deseen, con una carrera profesional ante los órganos jurisdiccionales acreditada y constatada, y para no caer en el amiguismo o partidismo de soluciones del pasado, que su acceso sea mediante un concurso de méritos, revestido de formalidad y objetividad.