El llamado cambio climático está de moda, y sobre todo, el debate está servido. Si bien científicamente es un fenómeno que genera controversias, sí es cierto que con el protocolo de Kioto se estableció una línea de actuación que afecta y compromete a los países de la Unión Europea. Objetivo: reducir las emisiones del gas de efecto invernadero CO2 hasta un 8 por ciento en 2010 en relación con las del año 1990. Según los compromisos adquiridos, a España le correspondería limitar su aumento de emisiones a un 15 por ciento, y de acuerdo con las previsiones que ayer hizo públicas la Comisión Europea (CE), no le va a dar tiempo. Cabe preguntarse el motivo de este retraso, y la respuesta reside precisamente en el retraso de actuación y de adopción de medidas por parte de las autoridades. La "revolución medioambiental", desde el punto de vista de la Administración, habría empezado este verano, con el enorme paquete de medidas adoptadas por el Ejecutivo y para las que destina 2.500 millones de euros. La CE ya ha dicho que hay que hacer más, un tirón de orejas que se puede interpretar como que se ha dejado todo para última hora, y que lo que se ha hecho hasta ahora queda lejos de ser suficiente. Prueba de ello es que España sea el que menos cumple en la UE-15, y el hecho de que Bruselas inste a tomar medidas efectivas. Lo preocupante ahora son las prisas y cómo podrían afectar al modelo económico en sus sectores estratégicos. El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, no acaba de dejar clara la estrategia que va a seguir para solventar el incumplimiento de nuestros compromisos medioambientales, algo que llama la atención cuando se supone es una de sus prioridades.