El alza de los precios de los productos de alimentación ha tocado en la zona más sensible de los consumidores: su bolsillo. Por ello no sorprende que hayan iniciado una serie de protestas y traten de buscar los motivos reales de esta subida. La situación no ayuda. Los precios de las materias primas están experimentando una importante subida (empezando por el precio del petróleo, que afecta a todo y toca directamente a la inflación), y eso se tiene que trasladar necesariamente al precio final del producto. Acto seguido empiezan a aflorar sospechas sobre quién se está llevando ese margen de beneficio y, ¿quiénes están en primera línea? Los productores y los distribuidores. No se puede aceptar el discurso de que hayan alcanzado algún tipo de pacto para fijar los precios, al menos mientras no se demuestre. El problema de fondo tiene una doble vertiente, que afecta a estos dos eslabones de la cadena. Por un lado la mayor demanda de materia prima en países emergentes provoca un encarecimiento de precios, por la simple ley de la oferta y la demanda. Además, hay que tener en cuenta un agravante: se ha fallado a la hora de fomentar la competencia en el sector de la distribución en España. La Comisión Nacional de Competencia debería esforzarse en evitar la concentración de la actividad de este sector en pocas manos, en grandes grupos de distribución, debe fomentar la entrada de nuevos actores. En esto debería concentrar sus esfuerzos. Además, las Administraciones se plantean el problema demasiado tarde, cuando ya deberían estar actuando sobre problemas específicos del sector, como la falta de personal cualificado o las escasas licencias de comercialización. Así se limita gravemente el crecimiento y normal desarrollo de este mercado y, al final, el consumidor sale perjudicado.