x Profesor en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI). x Profesor visitante del Departamento de Análisis Económico: Teoría Económica y Analisis económico, UAM.E l viernes pasado, los líderes europeos acordaron un Pacto por el euro. El acuerdo invita a los países miembros a presentar medidas para mejorar el vínculo entre los salarios y la productividad, pero suaviza las propuestas alemanas iniciales y sólo menciona de forma neutra las cláusulas de indexación salarial. El Gobierno español ha adquirido un compromiso con el pacto europeo, que tendrá que hacer explícito el próximo 24 de marzo, y haría bien en involucrar en él a toda la sociedad con un pacto nacional. Antes de entrar en cómo sería ese pacto nacional, vamos a ilustrar nuestra situación con los datos más recientes. Según el Ministerio de Trabajo, el aumento salarial pactado medio en los convenios registrados hasta febrero de 2011 es del 3,12 por ciento (siendo del 1,94 por ciento en los de empresa y del 3,24 por ciento en los de ámbito superior). Estas cifras seguramente se moderen en los próximos meses, como sugiere el Ministerio en una nota informativa, pero aun así merecen algunas reflexiones. En primer lugar, se han vuelto a demostrar las grandes limitaciones del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que firmaron los agentes sociales en febrero de 2010. El acuerdo recomienda para 2011 una subida salarial entre el 1 por ciento y el 2 por ciento, un rango muy inferior al 3,12 por ciento registrado hasta la fecha. El problema parece estar en los convenios plurianuales con cláusulas de revisión automática con la inflación. Está por ver si la patronal y los sindicatos harán cumplir el acuerdo en el resto de los convenios. En segundo lugar, las cláusulas de salvaguarda trasladan el aumento del precio del petróleo a los salarios, lo que es indeseable desde un punto de vista económico. Como el petróleo es un factor importado, este aumento supone una pérdida de renta nacional frente al resto del mundo, que empresas y trabajadores tienen que asumir. Responder elevando los salarios sólo sirve para elevar los costes de producción de las empresas aún más, perjudicando así al empleo. Además, como aprendimos tras los shocks del petróleo de los años 70, esto sucedería sin que se mantuviera el poder adquisitivo de los sueldos, pues lo único que se logra es desencadenar una espiral inflacionista de salarios y precios. Los efectos negativos sobre el empleo de la indexación salarial son todavía mayores en el marco de la Unión Monetaria Europea, pues la mayoría de los demás países miembros no practica la indexación automática, mientras que el resto suele utilizar en ella la inflación subyacente, que excluye las variaciones del precio de petróleo, por lo que la competitividad de nuestras empresas se deteriora en mayor medida. Por ello, la reforma de la negociación colectiva, actualmente en discusión, debería contemplar la supresión de la indexación salarial automática o, en su defecto, su profunda modificación. Como mínimo, las cláusulas de revisión deberían ser simétricas (es decir, aplicarse también cuando la inflación esperada sea mayor que la observada) y utilizar un índice de precios más adecuado, como la inflación subyacente (o Ipsebene). Además, para potenciar el vínculo entre los salarios y la productividad, la reforma debería apostar por la negociación colectiva de empresa, que hoy sólo cubre al 7,5 por ciento de los trabajadores. Pero estos cambios serían insuficientes. Lo que España realmente necesita es un pacto nacional que nos permita recuperar competitividad con respecto al resto de Europa. A corto plazo, esto requiere cambios en la formación de precios y de salarios. La propuesta de Fedea para la reforma de la negociación colectiva, dada a conocer la semana pasada, contiene varias proposiciones concretas al respecto: 1. Adoptar un objetivo ambicioso de competitividad exterior, de forma que los costes laborales unitarios crezcan a un ritmo inferior al de los países más competitivos del área del euro, hasta cerrar la brecha de competitividad acumulada. 2. Crear un foro para la negociación tripartita entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, con el objetivo de firmar un acuerdo anual que establezca indicaciones sobre el crecimiento salarial compatible con el objetivo de competitividad, evitando desacuerdos como los de 2009. 3. Crear una agencia independiente que recolecte datos y elabore predicciones fiables sobre la inflación, la productividad y los costes laborales unitarios. Estas propuestas están en línea con el Pacto por el euro, que dice que "en cada país se evaluarán los costes laborales unitarios respecto a la economía en su conjunto y respecto a cada sector principal". Nuestra propuesta recomienda encargar esta labor a una agencia que se labre una reputación de independencia y de calidad en sus predicciones. Tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo van a prestar especial atención a los costes laborales unitarios, por lo que contar con la agencia propuesta elevaría la solvencia interior y exterior de nuestra propia vigilancia en este punto. La experiencia de otros países muestra que esta estrategia suele producir muy buenos resultados. Sin embargo, la moderación salarial no puede ser el único objetivo. El pacto para la competitividad debe incluir reformas para fomentar la competencia en muchos sectores, sobre todo en los protegidos de la competencia internacional. Así, se debería acelerar la transposición de la directiva europea de servicios y dotar de más independencia a la Comisión Nacional de la Competencia. El capítulo dedicado a España (ignoremos el toro) en el reciente Informe sobre la Economía Europea 2011 del Grupo Europeo de Asesoría Económica (EEAG) patrocinado por CESifo (Munich) apunta que fomentar la competencia sería especialmente beneficioso en sectores como la energía y la venta al por menor. El próximo compromiso español con el Pacto por el euro es una oportunidad para alcanzar consensos sobre la necesidad de ganar competitividad, a través de la moderación de los márgenes empresariales y los salarios (es decir, una "devaluación interna", ya que es inviable la externa). Es necesario actuar en todos los frentes posibles, profundizando en aquellas reformas estructurales que aún no ha hecho la economía española. Este proceso requiere sacrificios por parte de todos. Pero se trata de sacrificios que representan un compromiso de solidaridad con el grupo de trabajadores más desprotegido en España, que son nuestros 4.696.600 parados, y de la posibilidad de lograr un horizonte de mayor bienestar social.