El Ministerio de Industria ha alumbrado una reforma de los incentivos a las energías renovables que en poco ayuda a que España recorte sus emisiones de carbono, tal y como suscribió en Kioto. Según el borrador de su último decreto, Industria reducirá las primas a la energía fotovoltaica en un 30 por ciento. Además, cuando la potencia instalada supere los 1.000 megawatios, el Ejecutivo suprimirá la totalidad de estos incentivos a la energía solar, eliminando por completo la rentabilidad de este suministro de electricidad no contaminante. Con esta nueva legislación, los bancos tampoco financiarán a las empresas productoras, pues son conscientes de las escasas garantías de éxito para cualquier promotor que cuenta con menos ayuda estatal y que no puede generar más de 1.000 megawatios. Y esto sucede pese a las promesas realizadas el pasado martes por el ministro Joan Clos de fomentar las energías renovables: por un lado, el Gobierno no duda en apuntarse al discurso ecologista de cara a la opinión pública, que en general se muestra favorable a la utilización de energías renovables. Por el otro, sin embargo, asesta un golpe fatal al destino de este sector, vital para las aspiraciones de España de recortar sus emisiones de CO2. El propio Ejecutivo reconoce que la energía solar constituye una apuesta estratégica para que nuestro país cumpla con el Protocolo de Kioto, dada la elevada exposición al sol de nuestro territorio. Así, el Gobierno tiene que reexaminar su postura y abandonar esta incoherencia. Para ello, debe definir una política que de verdad permita a nuestro país alcanzar los compromisos adquiridos en esta materia. Plantearse el retorno a la energía nuclear quizás sea la única manera de lograrlo.