Últimamente, estamos asistiendo a una preocupante escalada antisistema por parte de algunas formaciones políticas nacionalistas y auspiciada por la incomprensible pasividad del Ejecutivo central. La quema de fotografías del monarca, la negativa a hacer ondear la bandera española en los edificios oficiales, el anuncio de un referéndum nacionalista en el País Vasco, las críticas al presupuesto de la Casa Real o la propuesta para retirar al Rey sus atribuciones como jefe supremo de las Fuerzas Armadas no son asuntos menores y justifican la creciente preocupación por el futuro próximo del modelo de Estado. El protagonismo cedido por el Partido Socialista a los nacionalistas más radicales durante esta legislatura está desestabilizando gravemente los pilares de nuestro sistema democrático. Los pactos postelectorales conducen al actual modelo territorial hacia un callejón sin salida. Sin embargo, la desnaturalización de las funciones monárquicas no es algo nuevo. Ya en 2005, el PSOE dejó al Rey fuera de la presidencia del Consejo de Defensa Nacional. La inactividad de la Fiscalía General del Estado, en estos episodios, apoya las tesis de los que aseguran que el Ejecutivo central está faltando, por acción u omisión, a sus responsabilidades de Gobierno. Hace unos días, sobre este asunto, la vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, hacía referencia a la preferencia del actual Ejecutivo por no "imponer" las cosas. De la Vega no debería pasar por alto que el respeto a la legalidad vigente no es una imposición sino una de sus atribuciones en el marco de las garantías constitucionales. El PSOE ostenta la gobernabilidad del Estado y tiene la obligación suprema de defenderlo.