Hasta que la ministra de la Vivienda, Carme Chacón, presente mañana viernes su plan para potenciar el alquiler, los detalles del mismo siguen llegando con cuenta gotas. Ayer conocimos que, entre el paquete de medidas que el Ejecutivo tiene previsto poner en marcha, está la de flexibilizar los requisitos a los propietarios para el acceso a las ayudas de 6.000 euros a fondo perdido que contempla el Plan Estatal de Vivienda (2005-2008). Pero, también, el Gobierno quiere ampliar el acceso a las Viviendas de Protección Oficial (VPO) a las clases medias, sobre todo en las grandes ciudades donde el precio del metro cuadrado es más elevado. También resta por ver cuáles son las medidas que el Gobierno tiene previsto incluir para mejorar la protección de los propietarios. Sin duda, a la espera de conocer todos los detalles, los anuncios del Ejecutivo no parecen marchar ni en la misma dirección ni por el camino correcto. El problema del acceso a la vivienda surge de un exceso de intervencionismo que altera las reglas del mercado y distorsiona el equilibrio entre oferta y demanda. Y, en este sentido, la solución no puede pasar por una mayor presencia del Estado. Y eso es precisamente lo que se pretende con las ayudas a fondo perdido o el incremento de las VPOs. Acierta el Gobierno cuando plantea la necesidad de proteger a los propietarios. Aumentar la seguridad jurídica de éstos, reformando la legislación y los procedimientos actuales, contribuiría a incrementar la oferta y equilibrar el mercado. Y, desde luego, abordar el asunto de la vivienda pasa por enfrentarnos a la liberalización del suelo a través de un acuerdo que agrupe a los dos grandes partidos en torno a un gran Pacto de Estado. Por la vía del gasto, no sólo no hay solución, sino que se multiplican los problemas.