L a inflación vuelve a encontrarse por encima del 2 por ciento, lo que no quiere decir que estemos a las puertas de una estanflación, como algunos han interpretado, puesto que ello no se debe a la existencia de mayores tensiones inflacionistas, sino a factores exógenos y puntuales: de no ser por el aumento del IVA y por el encarecimiento que han sufrido los productos energéticos, se situaría en un nivel muy inferior, probablemente por debajo del 1 por ciento. El incremento del IVA supone una elevación puntual, y de una sola vez, en el nivel general de los precios, lo que genera un efecto escalón en el IPC que hace que la tasa de inflación se mantenga en un nivel más elevado durante un año, hasta que finalice dicho efecto escalón. Pero no supone un aumento de la inflación, definida ésta como una tendencia prolongada al alza de los precios. Tampoco es previsible que dicho incremento de la inflación se convierta en una estanflación por la vía de la generación de una espiral salarios-precios: esto es impensable en un escenario en el que el dinero en circulación no está creciendo, sino que se está contrayendo. No hay que olvidar que, en última instancia, la inflación es un fenómeno monetario. Esto no significa que esta situación esté exenta de riesgos como consecuencia de esa infame costumbre que tenemos de indiciar las rentas con la inflación. Cuando se produce un encarecimiento de las materias primas, como el petróleo, o un aumento de los impuestos indirectos, el incremento de precios resultante no se traduce en un aumento del margen empresarial, a diferencia de lo que ocurre cuando hay presiones de demanda, ya que dicho aumento acaba en el bolsillo, o bien de los países productores de esas materias primas, o bien del Estado. Si nos encontramos en una etapa de caída de la demanda, como es el caso, los márgenes empresariales pueden contraerse debido a la incapacidad para trasladar el aumento de los costes o de los impuestos al precio final. Tratar de recuperar el poder adquisitivo derivado de un aumento de la inflación de esta naturaleza mediante la indiciación de los salarios, sobre todo en una situación económica como la actual, sería enormemente perjudicial para la actividad económica y el empleo, puesto que supondría recortar aún más dichos márgenes. En estos casos, los agentes económicos deben asumir la pérdida de poder adquisitivo. Obsérvese que no sólo los salarios habrán perdido capacidad de compra, también los beneficios empresariales, cuyo volumen nominal, como ya he señalado, no se ha incrementado como consecuencia de los mayores precios. Esta reflexión es especialmente oportuna en un momento como el actual en el que nos disponemos a reformar la negociación colectiva. Muchas veces se ha reclamado la desaparición de los mecanismos de indiciación de los salarios, uno de cuyos efectos más perversos puede materializarse por la vía descrita, así como la vinculación de éstos a los incrementos de la productividad nominal de la empresa. Esto, además, generaría fuertes estímulos al aumento de la productividad, una de las mayores necesidades de nuestra economía. Ojalá no se pierda esta oportunidad para diseñar una negociación colectiva más propia del siglo XXI.