Una actuación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha vuelto a protagonizar la actualidad. La noche del pasado miércoles, la escolta privada del presidente de Endesa, Manuel Pizarro, detectó la presencia de un coche en las proximidades del domicilio del empresario. Al realizarle una serie de fotografías al vehículo sospechoso, sus dos integrantes se identificaron como miembros del CNI y exigieron la confiscación del material fotográfico. A partir de ahí, la historia acabó en la comisaría, con un comunicado del CNI negando las acusaciones de espionaje y una denuncia del propio Pizarro. Como hoy publica elEconomista, el Centro Nacional de Inteligencia podría estar barajando la hipótesis de que ETA tuviera intención de llevar a cabo un secuestro en las próximas fechas. Así, habría iniciado labores de vigilancia sobre un grupo de empresarios susceptibles de convertirse en objetivos de la banda terrorista. No obstante, esta actuación del CNI se estaría realizando sin ningún conocimiento de los afectados, es decir, de forma irregular. En cualquier caso, el CNI es un instrumento de investigación y análisis de la información clave en la defensa de la seguridad del Estado, pero su actuación -como la del resto de organismos- no puede operar al margen de la legalidad vigente, ni perturbar o menoscabar los derechos de los ciudadanos. No es la primera vez que le CNI se encuentra bajo la sospecha de un comportamiento cuasi delictivo, pero la responsabilidad última de sus actuaciones recae sobre el propio Gobierno. Ahora es el Ejecutivo el que tendrá que aclarar un episodio que no sólo contribuye a generar alarma social, sino que también deteriora la imagen de España.