En plenas elecciones legislativas, arrecia el huracán Sarkozy con más fuerza. A pocos días de que se celebre la segunda vuelta, el nuevo presidente ha presentado una batería de medidas que llevan su impronta. La primera acometida de Sarkozy ha impactado en dos asuntos clave: la inmigración y el llamado choque fiscal. El texto remitido al Consejo de Estado contempla un severo endurecimiento de las condiciones para la reagrupación familiar de los inmigrantes (junto al anuncio de una cuota de expulsiones). También, establece nuevos requisitos para la entrada en Francia: evaluación del nivel de conocimiento de la lengua francesa y los valores de la República, un nivel mínimo de ingresos equivalente al salario mínimo profesional y la firma, por parte de los familiares, de un contrato de acogida. En materia fiscal, cumple con sus promesas de reducir los impuestos: desgravaciones fiscales en los préstamos para adquisición de la vivienda, reducción del límite de ingresos totales sujetos a impuestos, horas laborales extraordinarias exentas de pagar al fisco o el llamado IVA social, que transfiere una parte de la financiación de la protección social de las empresas a particulares. Sarkozy quiere despertar a la pesada economía francesa. Ha planeado una fiscalidad cuyo objetivo primordial es rebajar la presión fiscal de particulares y empresas, rebajar los costes laborales e incrementar la productividad del tejido empresarial francés. En definitiva, ser capaz de generar riqueza. Resta mucho por hacer en medio, presumiblemente, de un fuerte presión social, pero es un principio valiente. Es vital que se reduzca el peso de un Estado que impide el desarrollo de una economía moderna.