La recién estrenada Ley del Suelo obliga a reservar la tercera parte del terreno edificable de los municipios para viviendas de protección oficial (VPO), supuestamente más baratas, aunque haya que conformarse con lo que te toque en un cruel sorteo al que muchos jóvenes con pocos ingresos vinculan su futuro. Nadie duda que las VPO son necesarias, pero una duda surge tras la cesión de suelo obligada por ley: ¿quién va a contruirlas? Los costes son similares (mayores si hacemos caso a las nuevas normas de edificabilidad) y el margen mucho menor. Ningún constructor está obligado a levantar VPO si tiene algo mejor y más rentable que hacer. Y el que lo haga, ¿cómo va a recuperar el margen perdido? Puede ser que la tortilla se dé la vuelta ella sola, y la proliferación de pisos protegidos se traduzca en un encarecimiento de los de libre construcción, en busca de los beneficios perdidos.Puede parecer simplista, pero es un análisis que está encima de la mesa de la mayor parte de los promotores y constructores de este país, que no tienen ganas de hacer VPO, pero pueden verse abocados a hacerlo. Y si así se solucionara el problema de acceso a una vivienda digna en España, fantástico. Todos a ello. Pero eso está lejos de ser cierto. Más al contrario, la aspiración es cada vez más hacia una vivienda mejor, que hacia una vivienda digna. Y eso lo puede pagar la VPO cuando se concibe como propiedad. La opción puede estar en hacer que todas las VPO (o la mayor parte) se utilicen para alquilar: el propietario no las pierde como activo o patrimonio futuro. Pero por más que sea algo que pregona la ministra Trujillo, estamos hablando de un negocio distinto al de la construcción, del que nada se sabe en un país donde el 80 por ciento de los pisos son propios y los alquileres valen tanto como los créditos. En España, la vivienda en propiedad es una institución que sustenta muchos planes de pensiones, y el alquiler siempre ha sido una experiencia fallida, aunque sea con protección oficial.