Ya se conoce cuánto podrán recuperar los afectados de la estafa filatélica de Afinsa. Si en el caso de Fórum el patrimonio puede cubrir un tercio de la deuda contraída con sus clientes, en Afinsa la situación es aún peor: los afectados sólo podrán recuperar el 10 por ciento del dinero invertido en la sociedad filatélica. Los administradores concursales de Afinsa revelaron ayer su valoración de la compañía y que el agujero asciende a 1.823 millones de euros. Se abre ahora un periodo de alegaciones en el que los perjudicados podrán recurrir esta evaluación, analizándose al detalle cada caso. Este proceso podría alargar la labor de reparto del patrimonio entre los afectados durante años, con la consiguiente devaluación de los activos. Una situación que justifica la petición realizada al Gobierno, por parte de los damnificados, de constituir un fondo de ayuda. Ahora bien, si los tribunales declaran al Ejecutivo responsable civil del escándalo, la Administración tendría que responder abonando la cantidad que la Justicia estimase necesaria. Unas responsabilidades que podrían derivarse, bien por haber existido una intervención desproporcionada en la que las consecuencias han sido más graves que el daño que se pretendía evitar, o por incurrir en dejadez legislativa al no regular estas inversiones como productos financieros. Así las cosas, parece que en un intento por evitar responsabilidad alguna, el Gobierno se resiste a ceder al Banco de España la supervisión de los bienes tangibles, reconociéndolos como inversión financiera, algo que sí hizo la propia Agencia Tributaria. Con esta demora, el Ejecutivo está manteniendo peligrosamente vigentes los mismos vacíos regulatorios que posibilitaron los escándalos, mientras los afectados siguen huérfanos de ayudas.