El Congreso de los Diputados aprobará hoy el Estatuto de la Función Pública que regula el marco jurídico de funcionarios, interinos, personal laboral y eventual, que desarrollan su actividad en las diferentes administraciones. Pretende mejorar la eficiencia en la gestión pública para responder mejor a las necesidades de los ciudadanos, adecuarse al contexto europeo y contribuir al desarrollo económico. Así, contiene novedades que suponen un importante avance en la dirección oportuna y que, sin duda, contribuirán a optimizar las actividades administrativas: el derecho a la negociación colectiva que permita a los funcionarios participar en el establecimiento de sus derechos y también obligaciones; la evaluación continua de la actividad de este tipo de empleados; favorece la promoción interna y la movilidad entre las distintas administraciones; recoge la figura del funcionario directivo -en línea con la creación de un cuerpo de élite-; y reconoce el derecho a la jubilación flexible, parcial y anticipada. Pero, además, el texto que apruebe la Cámara Baja favorece una mayor autonomía de las comunidades en la gestión de personal con regulaciones propias, así como cierta pérdida de privilegios para los funcionarios de carrera. Introducir criterios de discrecionalidad en el acceso a la función pública o la descentralización de su control y regulación son aspectos que pueden incidir en su profesionalización. Además, favorecerá una pérdida creciente de autonomía e independencia en el ejercicio de las funciones públicas, sometiéndola a una mayor arbitrariedad por parte del poder político de turno y, en el caso de España, del galimatías de intereses autonómicos.