La Audiencia Nacional está poniendo coto a la Agencia Tributaria en su petición indiscriminada de datos a entidades -grandes superficies, bancos, empresas de sistemas de pagos o tasadoras inmobiliarias- sobre operaciones de sus clientes cuya privacidad quieren preservar las entidades afectadas. Se refieren a ejercicios anteriores al Real Decreto de enero de 2010 que tipifica la entrega de información sobre operaciones de más de 3.000 euros. Si bien es positivo el cerco al fraude fiscal y al blanqueo de dinero, lo cierto es que también revela la fruición con la que Hacienda ha de buscar recursos como sea ante el batacazo de la recaudación provocado por la crisis y por el empecinamiento del Gobierno en no sujetar el gasto público. Prefiere comprometer la privacidad del contribuyente al margen de la ley.