El Gobierno británico ha tenido una idea muy peculiar para rebajar la brecha salarial entre los hombres y las mujeres -y que Bruselas cifra en un 30 por ciento-, al menos entre sus funcionarios públicos. En lugar de aumentar el sueldo a las mujeres, ha decidido congelar o reducir el de los hombres. La congelación duraría entre tres y cuatro años; y la rebaja afectaría entre el 25 y el 40 por ciento del sueldo. De los 1.500.000 funcionarios británicos, 800.000 son hombres y 700.000 son mujeres. Cada ayuntamiento local decidirá cómo quiere ejecutar esta medida, presuntamente contra la discriminación, que empezará a aplicarse a partir del 1 de abril. Como era de esperar, este anuncio no ha gustado nada entre los funcionarios (masculinos) y los sindicatos, que ya preparan su respuesta, que podría traducirse en huelgas y en una lluvia de denuncias ante los tribunales británicos y europeos. Independiente de la legalidad o ilegalidad de la decisión del Gobierno británico (cuyos jueces tendrán que determinar), o de si sería oportuna su aplicación en la función pública española, este tipo de medidas que tratan de reducir las diferencias entre hombres y mujeres merecen ser valoradas positivamente. La rebaja de los sueldos, o la ley de Igualdad en España, aunque suscitan una enorme controversia social -y, a veces, son injustamente objeto de mofa- pueden suponer el empujón necesario para lograr una igualdad social efectiva, donde el sexo no sea un motivo para la discriminación laboral. Una sociedad que sea capaz de equiparar la realidad laboral de las mujeres y de los hombres habrá dado un paso de gigante para desarrollar todo su potencial.