Camino de su tramitación parlamentaria, la futura Ley Hipotecaria ha quedado descafeinada. Si en el texto que aprobaba el Consejos de Ministros hace una semana se contemplaba la exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos, las presiones de las comunidades autónomas, decididas a no perder los 6.677 millones que les reporta, han hecho rectificar al Gobierno in extremis. Así, la que iba a ser la medida estrella, la eliminación de un impuesto que puede suponer entre el 0,5 y el 1 por ciento de la responsabilidad hipotecaria, queda fuera. Por el contrario, el Gobierno defiende el texto amparándose en las rebajas en las comisiones -según apuntan, podría suponer 600 euros de ahorro medio- y los beneficios fiscales en las hipotecas inversas. Un documento que supondrá un leve ahorro, efectivo además en plena escalada de tipos de interés, lo que contribuirá a mitigar aún más sus beneficios. Desde que el Gobierno destripase la Ley Hipotecaria, han pasado cinco meses, tiempo más que suficiente para haber acordado, con los actores implicados, un texto definitivo. Parece muy poco serio que, tras casi medio año de preparación y sólo apenas unos días después de su aprobación en Consejo de Ministros, haya quedado ya desnaturalizada. No es la primera vez que el actual Ejecutivo da marcha atrás, lo ha hecho con la Ley del Vino, la Ley del Jamón, la tasas al consumo de agua, a los pisos vacíos, entre otras. Todo anuncio oficial lleva implícito un impacto sobre el mercado y, por eso, el actual Ejecutivo debiera preservarlo de alteraciones bruscas, mostrando más cautela en sus anuncios públicos. Sería aconsejable desterrar del ámbito institucional, y de los cargos oficiales, las divagaciones políticas o los globos sonda.