En las primeras etapas de la crisis financiera global, que dura ya más de dos años, el sistema bancario español era visto como un modelo en los debates internacionales. Frente a las grandes pérdidas y los rescates masivos de bancos norteamericanos y de numerosos países europeos -especialmente en la estela de la caída de Lehman, en el otoño de 2008-, el buen comportamiento del sistema bancario español suscitaba cierta admiración. En los últimos meses, sin embargo, se ha multiplicado la preocupación por ciertas parcelas del sistema financiero español, especialmente las cajas de ahorros, cuya necesidad de reestructuración ha llevado al Gobierno a diseñar instrumentos específicos. ¿Qué ha cambiado? En primer lugar, conviene precisar que el diagnóstico inicial no era un espejismo. El sistema bancario español resistió mucho mejor que otros de nuestro entorno el impacto inicial de la crisis, por varios motivos: su poca o nula exposición a los productos relacionados con las hipotecas subprime americanas; su modelo de negocio, basado en la banca minorista tradicional; la forma de empaquetar y vender productos financieros sustentados en créditos hipotecarios (cédulas y titulizaciones), donde no se han dado los incentivos perversos para colocar a terceros créditos originados sin el rigor necesario, debido a la exigencia del Banco de España de mantener los mismos requisitos de capital en los créditos fuera o dentro de balance; y la existencia de las llamadas provisiones dinámicas, que obligaron a acumular reservas en los años buenos para disponer de un colchón en los tiempos malos. Sin embargo, a medida que la crisis se fue desarrollando, la situación del sistema bancario español se ha ido deteriorando, tanto por el lado del pasivo como del activo. Por el pasivo, porque su financiación era muy dependiente de los mercados mayoristas, que se secaron de raíz en el verano de 2007, sin que la generosa inyección de liquidez del BCE haya suplido plenamente el deterioro de la financiación privada. Por el activo, porque el aumento del desempleo y la caída del precio de la vivienda se han traducido en un fuerte repunte de la morosidad, con la consiguiente necesidad de dotaciones, sólo en parte paliadas por las provisiones genéricas acumuladas. Las cajas, tradicionalmente especializadas en el negocio hipotecario, se han visto especialmente afectadas por los factores señalados, registrando un aumento de la morosidad mayor que los bancos (hasta situarse en el 5,2 por ciento y 4,4 por ciento de la cartera, respectivamente, desde niveles inferiores al 1 por ciento en ambos casos a finales de 2007). Algunas cajas, además, se habían embarcado en los años del auge inmobiliario en una estrategia de expansión fuera de sus regiones que les había llevado, en muchos casos, a captar los clientes marginales, de menor calidad crediticia, que fueron los primeros en verse afectados por el aumento de la mora. Esta expansión se tradujo en un crecimiento del 16 por ciento en el número de oficinas de las cajas entre 2004 y 2008, frente a un 10 por ciento en los bancos, y a aumentos de plantilla del 19 por ciento y 5 por ciento, respectivamente, en el mismo período, lo que vino a agravar un problema de exceso de capacidad en el sector que, si bien existía previamente, ha quedado de manifiesto de manera mucho más evidente al llegar la crisis. En un reciente estudio de AFI para la Fundación Alternativas (Rescates y reestructuración ban- caria: el caso español, Documento de trabajo 152/2009, elaborado por Santiago Fernández de Lis, Daniel Manzano, Emilio Ontiveros y Francisco J. Valero) se estima este exceso de capacidad del sistema bancario español en torno al 25 por ciento. Tiene sentido, por tanto, que en la reestructuración en curso del sistema bancario español, auspiciada por el Gobierno a través del Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), se plantee una consolidación que permita ajustar este exceso de capacidad. En línea con otros países de la UE, y previamente al Frob, el Gobierno había ayudado a las entidades bancarias de dos formas, con medidas destinadas más a resolver sus problemas de liquidez que de solvencia: la adquisición de activos no tóxicos y el otorgamiento de avales a emisiones senior de las entidades en los mercados. En ambos casos, el peso de las cajas de ahorros ha sido muy elevado, en torno al 70 por ciento, lo que se explica porque los dos grandes bancos no han hecho uso de ninguna ayuda de ambos tipos. En cualquier caso, las ayudas públicas que han resultado más decisivas y que, al mismo tiempo, plantean cuestiones más delicadas desde el punto de vista de la competencia dentro de la UE son las inyecciones de capital, en una u otra modalidad. Es interesante, en este sentido, el contraste entre las realizadas en otros países europeos y en España. En aquéllos, estas aportaciones de capital han tenido por lo general un carácter urgente, caso por caso, sin un conocimiento preciso de la situación de los bancos objeto de ayuda y sin una estrategia definida de los gobiernos, más allá de la necesidad de acudir al rescate de entidades con problemas serios de viabilidad. La convalidación por parte de la Comisión Europea -en ejercicio de sus funciones de vigilancia de la competencia en el mercado único de servicios financieros- se produjo, en las primeras fases de la crisis, de forma casi automática, ante la absoluta prioridad, en aquel momento, de restaurar la calma en el sistema financiero. En los últimos tiempos, sin embargo, la Comisión se ha mostrado más exigente, como muestran los casos de ING y Lloyds. En España, en cambio, estas ayudas públicas van a llegar -nótese que aún no se ha hecho uso de los fondos que se han puesto a disposición- una vez pasado lo peor de la crisis internacional, con los mercados más calmados, y responden a un esquema definido que pretende establecer incentivos para una consolidación ordenada. Esta consolidación va a ser obligada en el horizonte de 2010, que será con seguridad el peor ejercicio para el negocio bancario en España en mucho tiempo y, en particular, para el subsector de cajas. Es importante que este proceso se produzca de acuerdo con criterios técnicos y no políticos. Las operaciones de integración interregionales serían, en este sentido, una buena señal.