El Gobierno por fin presentó ayer su tantas veces anunciada Ley de Economía Sostenible. Y pese a lo mucho que insiste en que así se va a propiciar un cambio de modelo, en su programa de reformas estructurales sólo se encuentran aquellas que haga usted en su propia vivienda. Eso sí, con una deducción en sus impuestos para fomentar la actividad entre trabajadores de la construcción. El anteproyecto no es más que un enorme cajón de sastre en el que hay dos tipos de medidas: las que representan una vaga declaración de principios y buenos propósitos, y las que sencillamente suponen meros retoques, como algunas deducciones o cambios en la contratación pública. El Gobierno ha perdido una gran oportunidad para abordar con decisión los principales retos de la economía española. Porque, ¿cuántas mesas técnicas hemos creado ya? ¿Y de qué han servido? Por no hacer, ni siquiera se ha dado un golpe de efecto. Este Ejecutivo podría haber sido coherente con sus propias ideas e imponer una ecotasa, pero tampoco se ha atrevido con eso. Lo toca casi todo, excepto la reforma laboral; sin embargo, no cambia esencialmente nada. Su mayor apuesta es la del fondo ICO sostenible, dotado con 20.000 millones. Se trata de poner dinero para préstamos destinados a I+D, pero eso sólo puede funcionar si el tejido empresarial tiene capacidad para encontrar oportunidades. Y salvo el coche eléctrico, no hay nada concreto. En este capítulo también se deja sin resolver el problema que ya tenían estos planes. Las entidades, que ponen el 50 por ciento del dinero y por tanto asumen la mitad del riesgo, son las encargadas de valorar la calidad del prestatario, lo que significa que muy probablemente vaya dirigido a grandes empresas. Las pymes y los autónomos, la mayor parte de nuestro tejido productivo, buscan liquidez, y eso no lo concederá la banca. Para los pequeños, el Estado debería disponer avales y garantías. Respecto a la morosidad, se reduce a 30 días el pago de facturas. No obstante, la ley actual dice: excepto que las partes pacten lo contrario. Y ahí está el quid, que encima tardará en regularse debido a sus periodos preceptivos de tramitación. Y el otro fondo, el de 5.000 millones para inversión local, apenas puede dedicarse a I+D. ¿Se imaginan al ayuntamiento coordinando ese tipo de proyectos? Más bien les servirá para financiar problemas de liquidez, porque se han puesto a levantar aceras mientras no podían pagar facturas. Resulta esencial que la parte que se dedique a gasto corriente no se emplee en costear ferias o asesores de alcalde. Un detalle que se antoja positivo es la exigencia de mayor transparencia en las retribuciones de los directivos; aunque volvemos a lo mismo: ¿qué tiene que ver esto con la recuperación económica? O la idea de conectar la educación con la empresa, algo que sobre el papel está muy bien... ¿pero cómo se va a hacer? Además, se renuncia a uno de los recursos energéticos más eficientes como las nucleares, fijando su vida útil en sólo 40 años, mientras que en EEUU se llega a los 60. Preguntada por el coste de esta ley para el Estado, la vicepresidenta Salgado contestó que no cuesta nada. Cierto, no lo hace porque no cifra nada, tan sólo se da un encalado con más de lo mismo. Cualquier relación entre la recuperación y esta ley es un accidente. No se abordan ninguno de los fallos de un mercado laboral dual que protege en exceso a los indefinidos y deja sin formar en contratos temporales al resto; un sistema financiero tocado; y el qué hacer para reciclar a los trabajadores que han perdido su puesto en la construcción. Nada de lo que se necesita. Si quiere fomentar el I+D+i debe eliminar su interpretación restrictiva, la burocracia de todo tipo, no sólo pequeños recortes, y que sólo se paguen impuestos por el beneficio distribuido. O más efectivo, bajen impuestos a todas las empresas, que éstas ya invertirán. La economía española sigue siendo insostenible. Por más obras así que iniciemos, la estructura de la casa sigue en ruinas.