La división de la primera inmobiliaria española parece haber abierto un culebrón que tardará algún tiempo en cerrarse y, lo que es peor, ha generado una gran incertidumbre en el mercado y, especialmente, entre los accionistas minoritarios. En su vuelta al parqué tras dos días suspendida la cotización, las acciones de Metrovacesa registraron un descenso del 8,4 por ciento, que llegó a ser del 20 por ciento en algunos momentos de la sesión. Finalmente, al cierre de ésta, los títulos quedaron en 107,95 euros, por debajo de los 117,85 euros a los que cerraron el pasado viernes. Así las cosas, mientras la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con su homóloga francesa, continúa analizando las condiciones del pacto entre Sanahuja y Rivero, ha decidido levantar la suspensión y, con ello, causado un perjuicio para los minoritarios. La CNMV resaltaba que este levantamiento no supone la aprobación de las operaciones planteadas para llevar a cabo la escisión de la compañía porque quedan aspectos por analizar. Y es que, entre otras opciones, al supervisor le resta decidir si fuerza una opa de exclusión, que sería lo oportuno en respuesta a la existencia de un pacto concertado entre los dos grandes accionistas para alterar el precio de los títulos. Sin embargo, esta posibilidad obligaría a tener en cuenta el precio medio de las acciones y, de mantenerse su caída una semana más, en línea con su comportamiento de ayer, se rebajaría notablemente ese precio. Por tanto, y a la espera de las posibles actuaciones de la CNMV, los accionistas minoritarios tienen razones sobradas para sentirse molestos, tanto con los responsables de una compañía en la que han primado los egos personales frente al interés global, como con la CNMV, a la que la situación creada ha pillado con el pie cambiado.