Ayer conocimos que, en diciembre del pasado año, el Defensor del Pueblo remitía a la Secretaría de Estado de Economía una recomendación en la que instaba al Gobierno a adoptar medidas que pusieran fin al vacío legal existente en torno a las sociedades de bienes tangibles. El texto insiste en concluir que hay que dotar de un régimen jurídico adecuado a estas sociedades y, también, recomienda la búsqueda de alguna solución para los actuales afectados por la intervención. Según recoge el informe, "la inactividad de los poderes públicos de control frente a un problema que conocían ha incrementado los efectos económicos negativos de las irregularidades cometidas por las sociedades, pues el conocimiento de dichas irregularidades hubiera disuadido a muchos inversores de depositar sus ahorros en ellas, reduciendo la extensión del daño". Aunque el documento del Defensor del Pueblo no es vinculante, sus conclusiones suponen un nuevo revés para la actuación que el Ejecutivo está teniendo desde que se conocieran los escándalos de Fórum y Afinsa o Arte y Naturaleza. Nueve meses después de abrirse la vía judicial, el área que dirige Pedro Solbes sigue sin adoptar las medidas oportunas que eviten a los consumidores enfrentarse a casos similares. Así, como la recomendación indica, "la existencia de un mero régimen general que esboza infracciones y sanciones no crea las garantías y la protección necesaria para los ciudadanos que acuden a estas ofertas de inversión". En un incompresible ejemplo de tozudez, y en línea con la técnica del avestruz, el Gobierno sigue negando la naturaleza jurídica de este tipo de actividades. Sería lamentable que, en un intento por evitar las responsabilidades derivadas de admitir su carácter financiero, no se haya regulado como corresponde.