Hace 40 años el hombre llegó a la luna. Y parece que algunos todavía no han bajado. Con la economía muy dañada, la recaudación tributaria del Estado ha caído hasta mayo un 19 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, y el IVA ha recaudado hasta un tercio menos por la caída del consumo. Y las previsiones para el resto del año no son mejores. Al mismo tiempo, el déficit se ha disparado y se aproxima a niveles del 10 por ciento del PIB. Y el endeudamiento público aumenta al ritmo de 7.000 euros por segundo. Al igual que en las empresas, la necesidad de medidas de austeridad en el sector público son evidentes. Por eso, no es de recibo que los sindicatos rechacen la congelación salarial de los funcionarios y que, además, reivindiquen un aumento del 3,8 por ciento para el próximo ejercicio, que se repartiría en un 2 por ciento para el sueldo, un 1 por ciento para las pagas extra, un 0,5 por ciento para el plan de pensiones y el restante 0,3 ligado a la productividad. Esta exigencia supone, además de una irresponsabilidad, pretender que, mientras la economía sufre un fuerte reajuste con una mayor moderación salarial y un brutal aumento del desempleo, el personal de las Administraciones permanezca ajeno a esta realidad, e incluso resulte beneficiado. No es coherente con una inflación en negativo. Además, los funcionarios tienen garantizados sus puestos, pagados con los impuestos de todos. En esta situación crítica, la congelación salarial debe ser un principio básico e irrenunciable para lograr que las cuentas del Estado cuadren. A partir de ahí debe adaptarse al ciclo económico, en línea con las recomendaciones del secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa. Es hora de que el Gobierno baje a los sindicatos de la luna.