El pasado lunes, elEconomista denunciaba la existencia de 40.000 viviendas construidas sin licencias en la localidad gaditana de Chiclana, así como la petición formal del Defensor del Pueblo andaluz a la Agencia Tributaria y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que intervinieran en el asunto. Horas más tarde, tras hacerse público el nuevo escándalo urbanístico, y mientras la oposición exigía la dimisión inmediata del alcalde José María Román, éste admitía públicamente las irregularidades, aunque rebajando su numero a 15.000. Pues bien, ahora el escándalo amenaza con ir más allá. Según hemos conocido, el Ayuntamiento de Chiclana ha llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía para regularizar 15 millones de metros cuadrados a golpe de recalificación. Una opción que rechaza el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha exigido su paralización. De seguir en su empeño, la decisión del Gobierno andaluz supondría que las viviendas edificadas ilegalmente en terrenos rústicos no serían demolidas, sino que pasarían automáticamente a convertirse en legales. Chiclana parece ser un ejemplo más de ingeniería política preelectoral y vuelve a poner en el punto de mira las actuaciones en materia urbanística de la institución presidida por Manuel Chaves. El Gobierno andaluz ha intentado, por la vía administrativa, evitar un escándalo que podría tener implicaciones judiciales en sus filas. Porque, ¿qué diferencia hay entre el caso de Marbella y el de Chiclana? Esta argucia legal evidencia que la Junta de Andalucía insiste en seguir anclada en el caciquismo político, cuando lo lógico sería depurar responsabilidades cuanto antes.