La polémica de los pisos sin inquilinos continúa. Las comunidades autónomas del País Vasco y Cataluña anunciaron el lunes que estudian poner marcha un canon de 9 euros a las viviendas vacías. Y la reacción no se hizo esperar. Ayer, el Ministerio de Economía acertó al contestar a esta medida con celeridad. Tanto su máximo responsable, Pedro Solbes, como el secretario de Estado de Economía, Carlos Ocaña, plantearon dudas más que razonables a la hipotética norma. Los dos argumentaron que semejante idea atenta contra la libertad individual y la propiedad privada, fundamentos de la economía de mercado. Con gran tino, añadieron una cuestión práctica de vital importancia: ¿cómo se definirá qué constituye una vivienda vacía? Economía hizo muy bien al defender las bases de la prosperidad que suponen la libertad de los individuos y la propiedad privada. Quien viene adoptando una postura cuestionable fue el Ministerio de Vivienda, que ha evitado pronunciarse sobre el canon. Aunque bien es cierto que las competencias recaen sobre las comunidades y, en el caso de los impuestos, sobre Economía, esta forma de echar balones fuera resulta sospechosa. Si existe un Ministerio de la Vivienda, debe dar su opinión a este respecto. No estaría de más que la ministra, María Antonia Trujillo, -quien en su última intervención defendió a los okupas- entrase en una cuestión de fondo como ésta. Su pasividad recuerda la ineficacia de proyectos como la Sociedad Pública de Alquiler, de exiguos resultados. El departamento de Economía dio en el blanco al exponer cuán difícil será definir qué está vacío. No resulta tan difícil determinar qué ministerio parece vacío de contenidos. Su silencio lo define, el de Vivienda.