Más de la mitad de los españoles cree que la sanidad y la educación son los mejores servicios públicos que tenemos todos los españoles, por delante de las infraestructuras o el transporte. Creen, además, que es lo mínimo que nos merecemos por los impuestos que pagamos religiosamente todos los años, cada vez con mejor disposición. Son estudios que el Instituto de Estudios Fiscales realiza cada año y que conocen muy bien los técnicos de Hacienda para que no haya tensiones adicionales al ya doloroso paso por el Fisco cada año.Otra cosa es cómo se financian esos servicios públicos. Eso es algo que no quieren explicar con claridad los que gestionan el erario público. Pedro Solbes no comparecerá en el Parlamento para explicar el aplazamiento de la definición del nuevo modelo de financiación autonómica, y Zapatero no acepta plazos ni de los catalanes, aunque lo diga el Estatut. La excusa son las elecciones municipales y la parálisis que generan en una Administración agobiada por la política del día a día. El resultado es que hace tres años que las comunidades autónomas gestionan Sanidad y Educación, con la ayuda de los ayuntamientos, pero ni unas ni otros van a saber cómo se repartirá el dinero para ello, al menos, hasta dentro de un año más. La economía española mantiene un "crecimiento vanguardista", en palabras de la vicepresidenta De la Vega, pero el modelo institucional de solidaridad, suficiencia y corresponsabilidad fiscal que debe reinar sobre ese vanguardismo social, brilla por su ausencia. Somos los primeros en servicios sociales, pero no tenemos prisa en determinar cómo se financian a medio y largo plazo. Vale con parches a corto, para solventar necesidades puntuales y callar bocas. Mientras, nadie mide la calidad de los servicios sanitarios o educativos de cada comunidad, los médicos se cabrean, los maestros no están contentos con su salario autonómico y... aquí no pasa nada.