El atentado perpetrado por la banda terrorista ETA el pasado fin de año en el madrileño aeropuerto de Barajas no ha convencido a los empresarios españoles de que la lucha policial y judicial es el único camino para acabar con la violencia etarra. En la encuesta realizada por Sigma Dos para elEconomista, queda claro que para un amplio porcentaje el diálogo político debe seguir contando en la resolución del conflicto. Es más, llama la atención, y es un claro ejemplo del grado de madurez de la comunidad empresarial, que hasta el 38,2 por ciento de los encuestados reconozca que no podrá alcanzarse una solución sin contemplar esa posibilidad, sin perjuicio de que el 49,5 por ciento entienda que la mejor forma es la lucha policial y judicial. Con su división, los empresarios aciertan aquí en una línea de actuación sobre la que, lamentablemente, no parecen ponerse de acuerdo los propios políticos: diálogo político, sí; pero siempre respaldado por la lucha policial y judicial. También revela ese planteamiento algo de cansancio y hasta el deseo de los empresarios de acabar con un problema que daña gravemente a la economía. En línea con las declaraciones que voces autorizadas como Román Knörr, presidente de la Cámara de Álava, o José Manuel Ayesa, presidente de la patronal navarra, hacían la semana pasada en este periódico, más de un 80 por ciento de los empresarios estima que la reanudación de la violencia perjudicará al turismo, y el 68 por ciento considera que reducirá las inversiones en el País Vasco. Es una pena que la economía de la región pueda verse tan afectada, sobre todo teniendo en cuenta que gracias al anuncio del alto el fuego (el pasado marzo) el turismo de la zona aumentó un 10 por ciento en 2006, y las inversiones repuntaron notablemente.