La historia se repite: una nueva pugna por controlar a la empresa privada que administra el transporte del gas en nuestro país enfrenta al ámbito político con el sector privado. La sustitución del actual presidente de Enagás, Antonio González-Adalid -que ha realizado una buena labor- está en marcha y el entramado político y empresarial coloca a sus peones de una forma un tanto extraña: a un candidato lo apoya el ex director de la Oficina Económica del Gobierno y candidato a la Alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián; al otro -que además es director general de la principal empresa del sector, Gas Natural- lo refrenda el presidente de Caixa Cataluña, el socialista Narcís Serra. Todo ello en un momento bastante crítico para la compañía, a la que le acaban de aplicar un nuevo marco regulatorio que puede suponer un serio varapalo para su cuenta de resultados en el futuro. La consecuencia de todo ello, inevitable, es que la cotización en bolsa se desplomó ayer más de un 5 por ciento y miles de inversores privados, que confiaban en una empresa muy estable, han visto caer sus expectativas. Mientras políticos y ex políticos se dedican a sus juegos de poder, el ahorrador pierde dinero y el sistema se resiente. De la labor de Enagás dependen el resto de empresas comercializadoras que llevan tan preciado producto a los hogares españoles, pero eso no parece preocuparles ahora a los que quieren poner a su candidato allegado al frente de la entidad. Aunque dependa de los decretos de Industria en su negocio, Enagás es una empresa privada y debe ser independiente. Sería lamentable ver de nuevo como la política se mezcla con la libertad del mercado e intenta manejar los hilos de empresas estratégicas, además de tener bajo su dominio a los órganos reguladores de esa actividad.