El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma del sistema público de pensiones acordada en julio entre Gobierno, patronal y sindicatos. Con ella, se pretende reducir el gasto público descontando las pagas extras como periodo cotizado. Así, si antes, gracias a estas pagas, los 15 años exigidos para cobrar la pensión quedaban reducidos a 12 años y medio, ahora, habrá que trabajarlos íntegramente, lo que supone 775 días más. Según Caldera, con esta medida se conseguirá retrasar en cinco años el déficit de la Seguridad Social, hasta 2025. Además, la reforma también recoge incentivos para fomentar el trabajo más allá de los 65 años. El futuro del actual sistema público de pensiones centra el debate laboral por excelencia desde hace 20 años en nuestro país. Y, hoy por hoy, cinco años arriba o abajo, su sostenibilidad sigue en el aire. La reforma del Gobierno camina en la única dirección posible si queremos mantener el modelo actual: trabajar más. Pero, aún así, volvemos a dar un paso de hormiga mientras el tiempo nos come terreno. Las cuentas siguen sin salir. El alivio que supone a corto plazo para nuestras pensiones las aportaciones de los inmigrantes es pan para hoy y hambre para mañana, son derechos adquiridos que hay que devolver. Y, por otra parte, el Gobierno actual ha errado en su última reforma fiscal, penalizando el ahorro con medidas como la desincentivación de las desgravaciones fiscales en planes de pensiones. Hoy, la esperanza de vida, y la calidad de ésta, han aumentado considerablemente. Por eso, es necesario abordar el problema de una forma valiente. Hacer frente al futuro de las pensiones supone estar dispuestos a ceder rédito electoral. ¿Estamos preparados?