E l ascenso de Nadia Calviño a número dos del Gobierno parece que no va a ser suficiente para que Yolanda Díaz cese en su empecinamiento -mas ideológico que razonable- de contrarreformar la reforma laboral y de subir el Salario Mínimo Interprofesional. De hecho, la ministra de Trabajo ya ha anunciado públicamente que va a seguir dando la batalla y para ello cuenta como aliados incondicionales y fuerza de vanguardia con unos sindicatos cada vez más trasnochados y cada vez con menos respaldo social como mostraron las movilizaciones del pasado miércoles.Movilizaciones que se presumen promovidas y alentadas desde el bando podemita del Gobierno, más ocupado de la propaganda que de la gestión seria y responsable, con el objetivo de presionar al ala socialista de ese mismo Gobierno defendiendo unas reivindicaciones que atentan contra la recuperación de la economía, el crecimiento y la creación de empleo, además de amenazar la llegada de los dineros desde Europa que son el elixir en el que el Gobierno fía la salida de la recesión. Recordar que el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea han firmado ya el reglamento del fondo de recuperación y resiliencia, del que a España corresponden 140.000 millones de euros. Documento este en el que las instituciones comunitarias han acordado que no se desembolsarán los dineros hasta que se compruebe la ejecución de las reformas, entre las que es prioritaria esa reforma laboral que los sindicatos mayoritarios y Podemos quieren derogar. Acuerdo que se suma al aviso lanzado por las autoridades de Bruselas sobre el fin de las subidas salariales en Europa.Ello no es óbice para admitir que la reforma laboral de 2012 precisa de ajustes y adaptaciones a la nueva realidad de las empresas, los autónomos y los trabajadores, especialmente en lo que se refiere al abuso de la temporalidad pero, como exponía recientemente Rafael Doménech, analista de BBVA Research, la resolución de este problema endémico de nuestro mercado de trabajo no pasa únicamente por la reducción de contratos, "sino a través de una mayor flexibilidad en la contratación y de una mayor seguridad jurídica que no disuada a las empresas de contratar".Recordar a este respecto que la Cámara de Comercio de Alemania ha denunciado la falta de seguridad jurídica como uno de los principales obstáculos que encuentran las empresas germanas para realizar sus inversiones en España, señalando a las posibles modificaciones de la reforma laboral como una de las causas que justifican esta incertidumbre, que comparte un elevado número de directivos.En este contexto, cuando la prioridad nacional debería ser la creación de puestos de trabajo, ante la magnitud del derrumbe económico, que eleva al 10,4% la caída del PIB español en 2020, una deuda pública en máximos históricos que supera el 120% del PIB, y un desempleo real de casi cinco millones y medio de parados, el pretender derogar en su totalidad una reforma laboral que ha demostrado su capacidad para crear empleo y que está apoyada y defendida por Bruselas, además de insistir en subidas salariales desmesuradas, solo puede responder a intereses políticos bastardos o a la persistencia de ideas y principios trasnochados que van en contra de los intereses del país y, especialmente, de esos trabajadores a los que deberían defender.Fieles a la tradición que ha marcado la historia reciente, las centrales reconocidas como mayoritarias en la Mesa del Diálogo Social trabajan casi exclusivamente por el interés de los trabajadores ocupados y ni les ocupan ni les preocupan los parados. Tal vez porque, como me reconocía en alarde de sinceridad un destacado exdirigente sindical, "los parados no pagan cuotas". Será.