La querella de un grupo de afectados por la intervención de Afinsa contra el Estado acusa al Banco de España de no haber estado lo ágil que debería en la supervisión de la empresa filatélica. La acusación se basa, entre otras cosas, en que Afinsa utilizaba productos con nombres que podían sugerir una actividad financiera, como "Ahorro Afinsa", confundiendo al cliente. Si así fuera, el Banco de España sería responsable indirecto del daño causado por la intervención y posterior quiebra de Afinsa, al no haber encontrado y detenido a tiempo los problemas de la empresa. Algo así como si el cliente contratara productos financieros confiando en una tutela del Banco de España que no existía. Lo cierto es que, salvo que un juez diga lo contrario, hay que pensar que el Banco de España actuó de buena fe y conforme a las leyes que regulaban en ese momento la venta de sellos. Como es sabido, las actividades de Afinsa y Fórum Filatélico eran consideradas como una venta de sellos y no como la comercialización de un producto financiero. Además, la norma señalaba en concreto que el responsable de supervisar sus actividades era el Ministerio de Sanidad y Consumo. Por tanto, el resultado es que el Banco de España estaba fuera del campo de actuación de las dos empresas filatélicas. Y si éstas estaban comercializando productos financieros sin autorización legal, quien debía haberlo detectado, investigado y prohibido no era otro que el departamento de Consumo y, por extensión, las comunidades autónomas, que tienen transferidas casi todas las competencias de consumo. En principio, el Banco de España parece estar a salvo de las acusaciones de falta de diligencia en la crisis filatélica.