El sector financiero clama, por ahora en el desierto, para que el Gobierno regule de una vez por todas lo que puede provocar el siguiente escándalo entre los consumidores: las empresas dedicadas a reunificar deudas. Estas sociedades, que ni están supervisadas ni sometidas a exigencias de solvencia o transparencia, distribuyen ya la mitad de las hipotecas españolas. Y sus clientes, que acuden con la necesidad de abaratar la cuota mensual que pagan por sus deudas, soportan, en algunos casos, comisiones abusivas. No están controladas por el Banco de España, como los bancos o cajas, porque los intermediarios financieros no captan fondos de los clientes, sino que los prestan. Ése es el argumento del Gobierno para atribuir su regulación a Consumo. Pero esta tesis no es tranquilizadora. Bien es cierto que la quiebra de una de las miles de empresas que reunifican deuda en España no causaría un agujero patrimonial a sus clientes, ya que se limitan a ser intermediarios entre éstos y las entidades financieras, pero nada garantiza que en cada operación cerrada se apliquen unas comisiones estratosféricas. La Asociación Hipotecaria Española (AHE) y la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef) inssitían ayer en que es necesario proteger al consumidor y que el mejor camino para conseguirlo sería que el Banco de España supervisara a los broker financieros. Normas y controles que se exigen y aplican a las entidades financieras y que ayudarían a distinguir a las empresas serias en esta actividad de otras parecidas a chiringuitos y, sobre todo, a que disminuyera la amenaza , en un entorno de tipos de interés al alza y de creciente endeudamiento familiar, de que miles de ciudadanos se encuentren con que sus números rojos les han llegado más arriba del cuello.