El Gobierno ha recetado una dura subida de las tarifas de la luz para el año que viene. En general, en varios tramos, los particulares pagaremos un seis por ciento más, y las empresas, un 15 por ciento. El impacto sobre nuestros bolsillos y sobre las cuentas de resultados de las compañías va a ser digno de consideración. La subida no puede calificarse como justa, porque, aunque las empresas cobran menos de lo que les cuesta la electricidad, tienen mecanismos suficientes para compensar el déficit de tarifa sin que lo sufran los ciudadanos y las empresas con menor capacidad de pago, como ocurrirá con la subida. Pero también es criticable que las tarifas suban y bajen por decreto -en vez de reflejar la competencia de precios entre las empresas- y que se tolere durante años este déficit. Es indudable que los anteriores gobiernos del PP y alguno del propio PSOE utilizaron la bajada de las tarifas sin tener en cuenta los precios reales, persiguiendo sacar partido electoral a la manipulación de algo tan sensible para ciudadanos y empresas como es la luz. Es hora de acabar con este sistema pernicioso que eterniza los problemas del sector y perpetúa el ya famoso déficit tarifario. Las normas europeas obligan a fijar tarifas para garantizar que la población más desprotegida y las pymes accedan a precios justos de la luz, pero ese ámbito debe ser mínimo. El resto de los consumidores -los ciudadanos que más gastan (y malgastan) y las empresas con más poder de negociación- deben disfrutar de un verdadero mercado en competencia de precios que ahora no existe. Las tarifas -cuyos componentes deben reorganizarse- y los precios deben converger, pero eso sólo se logrará con más competencia y con un marco legal que esté claro. Es un trabajo para el nuevo ministro de Industria.