CCOO se ha enfadado con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Caldera, porque éste le ha dado en plenas elecciones sindicales 149 millones de euros a UGT en pago por el patrimonio que perdió en la Guerra Civil. De hecho, CCOO ha impugnado el pago. La actitud de Caldera puede considerarse imprudente, porque concede un margen de maniobra económico al sindicato socialista -Zapatero es afiliado- que éste podrá utilizar -ya lo está haciendo- para poner más carne en el asador de un proceso electoral que dura nada menos que seis meses. Lo curioso del caso es que esté centrando la batalla sindical, por encima de otros aspectos de mucho mayor interés cuyo debate permanece inédito en la campaña electoral. Las mismas elecciones sindicales ya plantean un buen puñado de dudas. ¿Por qué no se concentran las elecciones en menos tiempo para no distraer al trabajador durante medio año? Porque las centrales son incapaces de distribuir los datos con normalidad sin disputar entre ellas. ¿Cuánto gastan los sindicatos en las elecciones? Tampoco se sabe, aunque su financiación procede de manera importantísima de la subvención pública, lo cual ya es suficiente para exigir mucha más transparencia en todo el proceso. La cruda realidad es que CCOO y UGT se juegan en seis meses la parte del león de los ingresos de todo el año, ya que las subvenciones se fijan en función de los delegados que obtienen en las elecciones de las empresas. Pero eso no justifica la alarmante falta de debate y de propuestas sindicales convincentes en temas tan importantes como la reforma laboral, la conciliación, la inmigración o la competitividad. Se entiende por qué cae la afiliación.