El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha detectado que la mujer cobra en España un 36,7 por ciento menos que el hombre por desempeñar un trabajo de la misma categoría profesional. Las mujeres no sólo sufren la discriminación salarial. Ésta se añade a otras como la de su menor promoción profesional y más difícil acceso a puestos directivos, como demuestra el hecho de que apenas ocupen el seis por ciento de los disponibles. La discriminación laboral tiene una relación estrecha con la social. Se considera que cuanta menor importancia se concede al trabajo femenino dentro de los papeles familiares, menor es la cultura general de integración social de los sexos y mayor es la distancia entre los sueldos de hombres y mujeres. Pagar menos a las mujeres por el hecho de serlo también es una mala práctica de gestión empresarial. Está demostrado que el sexo no determina las capacidades profesionales de las personas, de modo que renunciar al talento de la mujer o malpagarla es conceder demasiada ventaja a los competidores. Además, es muy probable que una trabajadora mal pagada tenga un compromiso menor con la empresa y esté más dispuesta a cambiar de trabajo en busca de un salario justo, con los consiguientes problemas de rotación de personal. Desde otro punto de vista, el dato del INE es muy negativo porque hace evidente que en nuestro país no se respetan suficientemente derechos constitucionales tan básicos como el de la igualdad de sexos. Eso justifica la necesidad de introducir medidas para el equilibrio de sexos en las empresas como las incluidas en la reciente Ley de Igualdad, aunque lo aconsejable es que sean de aplicación gradual a medio y largo plazos de modo que no se perturbe en exceso el funcionamiento interno de las empresas.