Que la mayoría de los aeropuertos ingleses estén en manos de inversores extranjeros no ha levantado polvareda en Gran Bretaña. Allí, la iniciativa privada, la libre competencia y el mercado son instituciones que funcionan y gozan de la mayor credibilidad. Los usuarios británicos saben que ni Ferrovial ni Abertis se pueden permitir rebajar la calidad de servicio de sus aeropuertos. Eso reduciría el precio de sus activos. Además, el generoso precio que pagará Ferrovial a los accionistas de BAA generará más riqueza para la economía del Reino Unido. El marco en el que se mueven los aeropuertos en España es radicalmente diferente. Siguen en manos públicas y gestionados por la empresa estatal Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Bajo AENA conviven algo más de 40 aeropuertos y el sistema se sostiene con el beneficio de apenas media docena de ellos, entre ellos el catalán de El Prat. La gestión de este aeropuerto va a ser compartida entre el Estado y la Administración catalana. Se trata de un acuerdo político que nada tiene que ver con introducir gestión privada en El Prat para aumentar la eficiencia. Además, esta cesión plantea dudas sobre el futuro del sistema español de aeropuertos en su conjunto. ¿Qué ocurriría si las autonomías que tienen aeropuertos rentables -Baleares, Canarias...- deciden pedir también la gestión? Se correría el riesgo de que desaparezcan los aeropuertos que no ganan dinero y viven de AENA. Eso sería lo mismo que dejar sin comunicaciones a muchas regiones españolas. La gestión privada de los aeropuertos españoles debe avanzar, garantizándose que cualquier cesión de competencias a las autonomías no daña el sistema.