El presidente Pedro Sánchez accede a las pretensiones de Pablo Iglesias y precipita los trámites para establecer una renta mínima vital. En lugar de tramitarse en tres meses, el objetivo ahora es que esté lista en 15 días. El acortamiento inesperado de los plazos ya tiene un alto coste: el ministro José Luis Escrivá quedó en evidencia después de que Iglesias haya logrado, una vez más, imponer su agenda a Sánchez. Pero aún hay más problemas. La improvisación impide solucionar todavía una cuestión tan importante como la conciliación de este nuevo subsidio con las ayudas de este tipo de autonomías y municipos. Pero el obstáculo realmente insalvable es que este subsidio, con un gasto de 6.000 millones anuales, es insostenible de manera indefinida.