El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, hace un balance demoledor del efecto de la actual crisis en el mercado laboral. En 21 días de confinamiento, la destrucción de puestos de trabajo suma 900.000 empleos. Hay que remontarse al periodo 2008-2009 para hallar una debacle así y aquélla tuvo lugar en siete meses. Y el suelo aún no es visible. Escrivá reconoce que hay cuatro millones de personas afectadas por Ertes, y es probable que muchas afronten un despido definitivo. Se trata de un resultado factible considerando la deficiente gestión de esta crisis que los expertos atribuyen al Gobierno, sobre todo, en lo que respecta al apoyo a las empresas. Debilidades como la lentitud en las inyecciones de liquidez, el escaso alcance de las moratorias fiscales o las trabas para articular los Ertes hacen ya posible más cierres de firmas y una recesión del 10,5% en 2020. Pero el problema es que se siguen adoptando estrategias equivocadas. La necesaria reactivación de la actividad no esencial se hace sin disponer de los medios básicos adecuados, como los tests serológicos masivos que desplegaron EEUU y Alemania. Y aún peor es el horizonte que plantea el presidente Pedro Sánchez al recuperar ahora el proyecto de una subida de impuestos. El alza de Sociedades por la que vuelve a abogar podría ayudarle a ganarse el apoyo del nacionalismo catalán y evitar una nueva prórroga presupuestaria que desestabilice su Gobierno. Pero lo hará en el peor momento, cuando la economía española verá detraídos sus recursos para sostener una deuda pública del 113% y un déficit cercado al 10%, según el FMI. Las actuales políticas amenazan con infligir a nuestro país un daño, en términos de PIB y empleo, mucho más dramático de lo previsto.