Como se preveía, la Abogacía del Estado se pliega a hacer un guiño a ERC, avalando que Oriol Junqueras sea excarcelado para acudir al Parlamento Europeo. Desde el punto de vista procesal, es más que discutible que esa liberación esté dictada por el reciente fallo del Tribunal de la UE. Dicha instancia se refirió a la inmunidad de Junqueras cuando estaba en prisión preventiva. Ahora cumple una condena por sedición. Pero, más allá del debate jurídico, sorprende cómo la Abogacía se contradice y pide que se suspenda la inhabilitación de Junqueras, cuando fue esta misma institución la que solicitó al Supremo que se le aplicara esta pena. Todo apunta, por tanto, a que, lejos de servir al interés general, la Abogacía se puso a las órdenes de los negociadores políticos.