Argentina ha vuelto a faltar a sus pagos pero no se descarta que llegue a un acuerdo con sus acreedores
Decepción, melodrama y un rayo de esperanza. Los ingredientes de la última entrega del enfrentamiento legal entre Argentina y sus titulares hold-out han sido tristemente conocidos. La decepción se produjo a finales de julio, cuando Argentina entró en impago por octava vez en su historia (ver gráfico). El melodrama llegó de la mano de Axel Kicillof, ministro de economía, que injurió al juez neoyorquino Thomas Griesa cuyo fallo había precipitado ese momento. La esperanza es que se puede llegar a un acuerdo.
El anterior impago del país, al renegar de sus 81.000 millones de dólares de deuda en 2001, fue la causa del más reciente. Casi todos sus acreedores canjearon su deuda impagada por títulos nuevos en dos reestructuraciones que tuvieron lugar en 2005 y 2010 salvo unos cuantos, que escogieron otro camino. Se hicieron con la deuda barata impagada para perseguir el pago del principal y los intereses en los tribunales de Nueva York, cuya legislación regía los bonos originales.
Dirigido por el fondo de cobertura NML Capital, un grupo de los hold-outs (Kicillof y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner prefieren el término fondos buitre) obtuvieron una sentencia que impedía que Argentina pagase a los titulares de bonos de canje si no regurgitaba también los más de 1.300 millones de dólares de intereses que exigían. El país podía llegar a un acuerdo con los hold-outs o dejar de pagar a los titulares de canje y caer en el impago otra vez.
El gobierno argentino se negó incluso a reunirse con los hold-outs en persona hasta el 29 de julio, un día antes de que venciera el periodo de gracia para pagar a los titulares del canje. El gobierno alegaba que no podía pagarles sin que se activase una cláusula de derechos sobre ofertas futuras (RUFO) contenida en los bonos reestructurados. La cláusula, que vence a finales de año, estipula que el país no puede ofrecer voluntariamente un acuerdo mejor que el que ofreció en sus canjes de 2005 y 2010 sin ampliarlo a todos sus acreedores. No es verdad, respondieron los hold-outs, que sostenían que ningún juez interpretaría un pago ordenado por un tribunal como voluntario.
Las negociaciones en persona mantenidas en Nueva York no dieron fruto. Y los comentarios posteriores han sido duros. Kicillof sostenía la línea oficial de que Argentina no puede ser morosa si está dispuesta a pagar sus obligaciones a los titulares de canje. En una conferencia de prensa beligerante, sembró dudas sobre el estado mental del juez Griesa, la integridad del mediador nombrado para supervisar las negociaciones y la objetividad de las agencias internacionales de calificación crediticia (una de las cuales, Standard & Poor's, ha rebajado la deuda argentina en divisas). Por su parte, NML dijo que el mediador había propuesto muchas soluciones creativas y que Argentina había elegido no pagar.
Aun así, todavía hay esperanza. Mientras se reunían las partes, se corrió el rumor de que un grupo de bancos privados argentinos podrían unirse para comprar la demanda de NML y negociar después un acuerdo con el gobierno que incluyera el pago pasado el vencimiento de la cláusula RUFO. Tentador, Kicillof anunció que aunque el gobierno no había llegado a un acuerdo con los hold-outs, todavía era posible un acuerdo no gubernamental. ?una solución entre agentes privados no me parecería extraña?, afirmó. Algunos especularon que a Kicillof le convenía que no se le viera participar en un acuerdo entre terceros para no activar la cláusula RUFO. Daniel Pollack, el mediador nombrado por el tribunal, ha dicho que seguirá a la disposición para ayudar a que se llegue a un acuerdo.
Si se llega a un acuerdo y Argentina sale enseguida del impago, los efectos podrían ser poco sonados. Por ejemplo, la decisión de Standard & Poor's podría revertirse fácilmente. Y eso podría ayudar también a evitar la posibilidad de demandas de pago inmediato provocadas por las cláusulas de impago cruzado, de todos los titulares de derecho extranjero del país y no sólo los gobernados por la ley neoyorquina.
Las ramificaciones internacionales del impago también se espera que sean leves. Argentina lleva apartada de los mercados de capital internacional 13 años y su deuda en derecho extranjero alcanza algo más que un tercio de la cifra de 2001.
Pero el coste para el país se acrecienta con el tiempo que pasa en impago. "La situación puede que no sea cataclísmica pero el impago sigue siendo la peor decisión que el gobierno podía haber hecho", opina Maximiliano Castillo de ACM Consultants. El país podría haberse acostumbrado a no tener exceso a la financiación internacional pero sus reservas en divisas han encogido y el impulso económico que recibió en la década de 2000 por el aumento de los precios de las materias primas no va a repetirse. Ahora tiene que pedir prestado para crecer.
El gobierno lo sabe. En los últimos meses, se ha abierto paso en los conflictos con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID), el Club de París (un grupo informal de acreedores estatales) y Repsol, una empresa española petrolera cuya participación en YPF, la empresa petrolera estatal, expropió en 2012. Un impago desharía estos avances.
El temor es que la necesidad de imprimir dinero para financiar sus déficits fomente aún más la inflación y aumente las presiones sobre el tipo de cambio. El choque probable al consumo por el impago y la recesión en la que entró el país a principios de año no hará más que ahondarse. La consultora Abeceb.com predice que Argentina se contraerá un 3,5% en 2014. Si el país hubiera evitado el impago, la proyección sería de un encogimiento de sólo el 1,5%.