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Ruz imputa a diez empresarios más por los pagos en 'B' al PP
La lista de sociedades vinculadas con los presuntos pagos en negro al Partido Popular (PP) no para de crecer. El juez Pablo Ruz, que instruye el caso de los papeles de Bárcenas, ha imputado a otros diez empresarios por la supuesta entregar de donaciones irregulares al PP a cambio de recibir contratos de las Administraciones Públicas. Con este auto, en el que admite a trámite parcialmente la ampliación de la querella presentada por IU, el magistrado eleva a más de 18 el número de empresarios y empresas bajo sospecha. No en vano, en mayo ya tomó declaración a los querellados Jose María Mayor Oreja (FCC), Juan Manuel Villar Mir, presidente de OHL o Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, entre otros.
Entre los nuevos imputados se encuentra Vicente Cotino Escrivá, exconsejero delegado de Sedesa y sobrino del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, que a su vez ha sido citado como testigo. Ambos declararan ante el juez el 17 de enero. A su vez, Rafael Palencia de Degremont Iberia y que según recogen los papeles de Bárcenas entregó 30.000 euros al PP en 2008, declarará como imputado el 15 de enero. Ese mismo día también están citados el exdirector comercial de la división de agua de FCC, Cecilio Sánchez Martín, y Camilo José Alcalá, exconsejero delegado de la constructora Cyopsa-Sisocia.
El 16 de enero declaran ante el juez José Antonio Romero Polo, de la empresa Romero Polo que, según los papeles de Bárcenas publicados por El País, entregó 24.000 euros al PP en 2004. Ese mismo día también están citados como imputados Joaquín Molpeceres, presidente del grupo constructor Liquas, Antonio Pinal Gil, de Brusa Construcciones e Ignacio Ugarteche de Urazca.
Los empresarios están incluido en una querella en la que IU les acusa de "asociación ilícita, alteración del precio de concursos y subastas públicas, blanqueo, cohecho, tráfico de influencias, fraude y delitos contra Hacienda", entre otros.
En el escrito también estaban incluidos Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, y Francisco Álvarez Cascos, pero Ruz ha rechazado admitir esa parte de la querella. En el caso de Álvarez Cascos, el juez alega que no es competente para investigar porque es diputado en Asturias y depende del Supremo. En cuanto a López del Hierro, dice que no encuentra "indicio de responsabilidad penal" por la antigüedad de los hechos.