Caja Laboral e Ipar Kutxa se adhieren al servicio de mediación de desahucios del Gobierno vasco
Las cooperativas de crédito Caja Laboral e Ipar Kutxa se han sumado al servicio de mediación creado por el Gobierno vasco para evitar los desahucios o mitigar sus consecuencias. De esta forma ya son tres las entidades financieras vascas las que se han adherido al sistema, la primera fue Kutxabank.
Tanto Caja Laboral como Ipar Kutxa, entidades que a finales de junio sellarán su fusión y que comenzarán a operar como una única entidad en octubre, ya venían renegociando los créditos hipotecarios con los clientes que tienen problemas de pagos como consecuencia de la crisis y el paro (ampliando plazos de amortización, renegociando cuotas, etc). Los índices de mora hipotecaria para primera vivienda en ambas entidades es bastante reducido, un 1,18% para Ipar Kutxa y un 1,59% para Caja Laboral, mucho menos que la media del sector financiero español.
El sistema de mediación del Gobierno vasco estará vigente durante 2012 y 2013. La adhesión al mimo implica que las entidades financieras firmantes se comprometen a no iniciar ninguna reclamación judicial en el plazo de un mes desde que un cliente solicite el arbitraje de Gobierno Vasco. Pueden acogerse a este servicio los particulares con crédito o préstamo hipotecario sobre su vivienda habitual y única en propiedad, siempre y cuando el valor del inmueble no sea superior a 350.000 euros. También deberá acreditarse que se han dado por concluidas las gestiones amistosas realizadas en orden a regularizar las deudas pendientes con la entidad bancaria.
Sistema de mediación
El programa de mediación del Gobierno vasco consiste en un asesoramiento sobre su situación financiera y también actuará de intermediario en las negociaciones con los bancos para aplazar pagos. Además se tratará de que las familias desahuciadas tengan preferencia en los alquileres sociales.
El servicio no incluye recursos económicos para evitar los desahucios, ni obligará a los bancos aceptar las propuestas de renegociación o aplazamientos. Para las VPO y viviendas protegidas, en caso de impagos, tras el desahucio el Ejecutivo asumirá la deuda pendiente no cubierta.