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Cataluña aprueba el euro por receta y la tasa turística

  • La nueva tasa sanitaria entrará en vigor el próximo 1 de junio


El Parlamento catalán aprobó ayer con los votos de CiU y PP la creación de nuevas tasas, entre ellas la turística y el pago de un euro por cada receta farmacéutica que se dispense en la sanidad pública, que se aplicará a partir del 1 de junio.

Todas estas nuevas tasas quedan recogidas en la Ley de Medidas Fiscales y Financieras, más conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos, que se ha aprobado un mes más tarde que las cuentas ante el recurso que ERC, ICV-EUiA y SI interpusieron al Consejo de Garantías Estatutarias. El portavoz parlamentario adjunto de CiU, Ramon Maria Espadaler, admitió que el aumento de tasas no ha gustado a los sectores afectados, como el turístico, pero argumentó que se trata de una medida necesaria para "sanear" las arcas de la Generalitat.

A partir de noviembre, entrará en vigor una tasa que grabará las pernoctaciones en establecimientos turísticos, mientras que en verano subirá el canon del agua, un 3% para el consumo básico y un 12 para el excesivo, con la finalidad de atajar la delicada situación financiera de la Agencia Catalana del Agua (ACA). Además, se recorta un 15% la jornada laboral y la nómina de los empleados interinos de la Generalitat y se implanta una tasa al acceso a la justicia.

CiU y PP destacaron las bondades de la nueva norma, mientras que la oposición de izquierdas la criticó frontalmente, ya que según indicó el consejero de Economía un día después de aprobarse las cuentas, estas deberán ser revisadas cuando el Estado facilite el nuevo cuadro macroeconómico a finales de mes, puesto que la previsión anterior, con la que se calcularon los presupuestos y que se hizo en verano, ha quedado desfasada a raíz de la crisis de la deuda pública y la recesión.

Desde el PP, José Antonio Coto aseguró que esta ley es un ejemplo más de la "responsabilidad" que ejerce su partido pese a estar en la oposición en el Parlamento catalán, lo que ha contrastado con el tripartito.

La norma, conocida también como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, se ha sometido a votación en la Cámara catalana con un mes de retraso, el que ha necesitado el Consejo de Garantías Estatutarias para avalar su idoneidad después de que ICV-EUiA, SI y Ciutadans solicitaran su dictamen. Este retraso tendrá un impacto negativo en las arcas de la Generalitat de 50 millones de euros, según las estimaciones del Departamento de Economía, aunque el portavoz adjunto de CiU en la cámara, Ramon Espadaler, ha elevado esta cifra a 60 millones.