Una plataforma ultima demandas de flotas contra el cártel de coches

Abogados españoles y capital de Estados Unidos se han unido para llevar a los juzgados demandas agrupadas de empresas afectadas por el cártel de coches que fue condenado en España por pactar precios al alza entre 2006 y 2013. La presentación de los primeros litigios ya se está ultimando, según han explicado a elEconomista.es Manel Espinosa, socio de Allura & Peimondt, e Ivan Comerma, socio de Systema Capital, firmas que ya consiguieron sentencias favorables en el caso del cártel de camiones hace unos años.

Hasta ahora están en contacto con un centenar de empresas de todo tipo y tamaño, desde multinacionales a repartidores con dos vehículos, que suman unos 40.000 vehículos entre coches y furgonetas, aunque aspiran a representar hasta 100.000 vehículos agrupados en lotes de demandas que presentarán en los juzgados donde se ubican las sedes nacionales de los fabricantes implicados en el cártel, principalmente en Madrid, Barcelona, Valladolid y Vigo.

Pretenden conseguir hasta 300 millones de euros en indemnizaciones, a través de la creación de una plataforma digital y un sistema de peritaje con el que reclamarán más de un 10% de sobrecoste respecto al valor de compra de los vehículos.

Y quien pone el dinero para financiar todo ello es uno de los grandes fondos americanos de alcance global -aunque su identidad está protegida por cláusulas de confidencialidad-, con una aportación de 15 millones gestionada por la andorrana Systema Capital.

Y es que el retorno para los impulsores e inversores de la plataforma alcanzará los 90 millones si logran el objetivo de 300 en compensaciones, ya que ofrecen representación gratuita a los afectados por el cartel de coches, a cambio de un 30% de la indemnización en caso de sentencia favorable.

Comerma confía en que esta fórmula y la posibilidad de presentar toda la documentación digitalmente, sin desplazamientos, anime a denunciar a los titulares de flotas que adquirieron coches y furgonetas de las marcas condenadas entre 2006 y 2013.

"España no es un país con cultura de reclamar, pero eliminamos barreras para exigir los daños", afirma. Espinosa añade su enfoque diferencial en las flotas de vehículos, mientras hasta ahora las denuncias colectivas han sido mayoritariamente de particulares, aunque en la firma legal con sede en Barcelona también cuentan con una cartera de particulares con unos 14.000 afectados, de los que 5.000 ya tienen toda la documentación certificada.

Se estima que en España podrían llegar a estar afectados unos 10 millones de vehículos, cuyos compradores pagaron un sobreprecio de entre el 10 y el 15% como consecuencia de un acuerdo realizado por unas 25 marcas, que compartieron información para fijar el precio de los coches en el país.

Una investigación de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) destapó la práctica y en 2015 impuso una multa de 171 millones a los fabricantes, ratificada en 2021 por el Tribunal Supremo. Las indemnizaciones que ya se están sentenciando están rondando entre un 5% y un 15% del precio de compra, por lo que el desembolso de las marcas podría ascender a unos 2.000 millones, contando que solo reclamase el 10% de los afectados.

Desde la plataforma de Allura & Peimondt, junto a consultoría PQAXIS, están ultimando el informe pericial (clave para determinar la cuantía de indemnización), con la base de los datos de miles de casos reales recopilados, y que sigue las pautas de la Guía de Cuantificación de Daños de la CNMC publicada en 2023. La auditora digital Minsait, del grupo Indra, se encarga de certificar que la documentación aportada por los afectados es válida.

"Las marcas ya fueron condenadas, pero cada afectado debe cuantificar el daño sufrido con un informe que demuestre un esfuerzo probatorio", señala Espinosa. El plazo para reclamar alcanza hasta 2026.