Una empresa pide a la Justicia que anule la Ordenanza de Movilidad de Madrid

En una nota de prensa remitida hoy, la organización explica que presentó su demanda el pasado día 17 al TSJM en la que pide la anulación total de la norma, ya que en el proceso de elaboración no se he recabado ninguna memoria económica, pese a ser un trámite fundamental.

La empresa denunciante cree que "la aplicación de la Ordenanza producirá un impacto evidente en los Presupuestos del consistorio, tanto por los gastos en que se va incurrirá para implementar todas las medidas aprobadas, como por los ingresos que se producirán como consecuencia de las nuevas tasas y de las sanciones por las nuevas infracciones".

Según Dvuelta, el Ayuntamiento no ha evaluado las consecuencias para el comercio local que se encuentra dentro del perímetro de Madrid Central.

"La Ley es clara al respecto, y el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en casos como este, acordando la nulidad de la norma reglamentaria por no haberse elaborado una memoria económica que evalúe debidamente las consecuencias presupuestarias de la aprobación", dice la empresa denunciante.

El letrado Miguel Javaloyes, que firma el escrito remitido al TSJM, solicita que, en todo caso, sean anulados varios preceptos de la Ordenanza "por vulneración del principio de legalidad sancionadora, y de jerarquía normativa".

En cuanto a las medidas de restricción del tráfico y circulación, Dvuelta solicita que se anule el precepto que permite al Consistorio activar tales medidas sin necesidad de que se publiquen en el Boletín Oficial correspondiente.

Los demandantes dicen que no se puede informar a los conductores mediante mensajes en redes sociales y que "la seguridad jurídica exige un medio fehaciente de comunicación de hechos que afectan de una forma tan grave a la movilidad de las personas y que además pueden dar lugar a importantes sanciones administrativas en caso de que no se cumplan las medidas".

Dvuelta considera también que no es legal que la grúa municipal pueda retirar los vehículos de aquellos conductores que no atiendan las medidas de restricción al estacionamiento y circulación, ya que ello ni es proporcional ni se justifica con la ley que supuestamente habilita tal medida.

El recurso presentado ante el TSJM reclama la nulidad de determinados artículos que tipifican nuevas infracciones y sanciones, ya que, "según el principio de legalidad sancionadora, una ordenanza municipal no puede establecer infracciones y sanciones".

La Ordenanza fue aprobada por el Pleno municipal el 5 de octubre del año pasado y entró en vigor el día 24 del mismo mes.