El Govern se plantea recuperar los impuestos cuestionados por el TC en las cuentas de 2019

En su primera comparecencia en el Parlament tras ser nombrado vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, que ya anunció que renunciaba a elaborar unas cuentas para 2018 para centrarse ya en las de 2019, ha dicho que el déficit marcado para 2019, que es del 0,1 % del PIB, frente al 0,4 % de este año, provocará que la Generalitat deba compensar de entrada un total de 688 millones por el menor margen de déficit.

"Tendremos que compensarlo con un incremento de recaudación o con transferencias por parte del Estado", ha dicho Aragonès, que ha dejado claro que no habrá recorte del gasto, pero que la regla del gasto solo permitirá aumentar el gasto computable un 2,7 %, por lo que estarán "abiertos a todo tipo de decisiones para tener más margen de gasto", ha apostillado.

Precisamente hoy, el Departamento de Economía de la Generalitat ha publicado una orden en el Diario Oficial de la Generalitat con la cual se pone en marcha la maquinaria interna para la elaboración de las cuentas de 2019, que deben "dar cumplimiento" a los objetivos fiscales establecidos por la ley de estabilidad financiera, dice esta orden.

"Elaboraremos unos presupuestos sociales para luchar contra las desigualdades y la lucha contra la pobreza", ha asegurado Aragonès, que ha avisado, no obstante, de que estas cuentas estarán "condicionadas" por las reglas de déficit, deuda y gasto marcadas por el Estado, y ha criticado los objetivos de déficit fijados para las comunidades.

Por otra parte, Aragonès ha recordado que el modelo de financiación actual todavía no se ha revisado y que existe el "riesgo" de que la liquidación del modelo de financiación de 2019 sea "inferior" a la de 2017.

En cuanto a los presupuestos en sí, el conseller ha subrayado que su prioridad para estas cuentas será "garantizar las políticas sociales" y la "máxima eficiencia" del gasto público.

En el plano fiscal, ha subrayado que se propone "optimizar el sistema fiscal catalán", de forma que se logre la "recaudación necesaria para mantener el Estado del bienestar a la vez que se mantiene el equilibrio presupuestario".

En esta línea, ha defendido que se debe "incrementar el poder redistributivo del sistema fiscal catalán" potenciando por ejemplo "impuestos innovadores que corrijan externalidades negativas de carácter medioamiental, social, económico y sanitario", como el de las bebidas azucaradas.

Asimismo, ha avanzado que "profundizará en la revisión de diferentes elementos tributarios que configuran diferentes tributos cedidos, como exenciones, reducciones, tarifas, deducciones y bonificaciones", aunque no ha dado más detalles.

Entre los impuestos que el Govern quiere poner en marcha, está en las emisiones de CO2 que generan los vehículos de tracción mecánica.

Los representantes de Ciudadanos y PPC han reprochado al conseller su "doble discurso", por defender la república catalana y al mismo tiempo comprometerse con los objetivos fiscales del Gobierno, mientras que el PSC ha denunciado que evitara hablar de las más de 3.000 empresas que han trasladado su sede social fuera de Cataluña.

Por su parte, la diputada de la CUP Maria Sirvent ha instado al conseller a "desobedecer" los límites de déficit marcados por el Estado y a aumentar el IRPF a los contribuyentes con rentas superiores a los 60.000 euros anuales, una última petición que también ha avalado el grupo de Catalunya en Comú.

En respuesta a la CUP, Aragonès ha recordado que todo aquel gasto que excede el objetivo de déficit debe financiarse de alguna manera, y no ha revelado si el Govern se plantea retocar o no el tramo autonómico del IRPF, un debate que ya se abrió durante el anterior mandato.

Por otra parte, Aragonès ha garantizado que su departamento continuará racionalizando el patrimonio inmobiliario de la Generalitat, que quiere que el ICF sea el banco público de inversión de Cataluña y consolidar la estructura de la Agencia Tributaria de Cataluña.

Por otra parte, ha dicho que el departamento de Economía pondrá en marcha el consejo fiscal de Cataluña y un clúster financiero que aglutine a las 450 empresas de este sector que hay en la comunidada, desde la banca tradicional a las llamadas fintech.