Los embargos sobre la vivienda habitual caen casi un 60 por ciento desde el pasado año

Varios son los factores que explican esta caída; entre ellos, la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido, ha destacado "las medidas adoptadas por el Gobierno a partir de 2012, de las que ya se han beneficiado más de 40.000 familias", así como la mejora económica.

España crece a un ritmo superior al 3 %, ha añadido Garrido, y se crean más de medio millón de empleos al año, "la mejor garantía para que las familias hagan frente al pago de su vivienda", ha señalado.

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), José Luis Martínez Campuzano, quien ha recalcado que lo importante no es tanto este fuerte descenso como el hecho de que "los bancos españoles no están dejando sin soluciones a las familias en los casos más vulnerables", merced a una serie de medidas adoptadas en los últimos años.

Entre ellas, Campuzano ha subrayado la refinanciación o reestructuración de un 18 % de la cartera hipotecaria, o el hecho de que más 85.000 familias en riesgo de exclusión social se han beneficiado de diferentes medidas de protección relacionadas con la vivienda, incluyendo la moratoria hipotecaria.

Asimismo, ha indicado Campuzano, se han introducido medidas de exoneración de la deuda remanente, se ha aceptado la dación en pago para los casos más vulnerables, se han creado la Ley de Segunda Oportunidad, así como el Fondo Social de Viviendas, con casi 10.000 viviendas en alquileres sociales.

En conjunto, lo fundamental en estos momentos es que los bancos españoles financien "el crecimiento que genere empleo y prosperidad", ha concluido.

Desde el segundo trimestre del año, este tipo de embargos se han reducido un 43,2 %, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El número total de viviendas -habituales y de otro tipo- que fueron objeto de una ejecución hipotecaria se elevó a 4.676, un 32,6 % menos que en el trimestre anterior y un 41,1 % menos que un año antes.

De este modo, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentraron el 51,8 % del total de ejecuciones hipotecarias en el tercer trimestre de 2017.

No obstante, el INE ha recordado que no todas las ejecuciones de hipoteca que se inician terminan con el lanzamiento de sus propietarios y que un procedimiento judicial puede dar lugar a varias certificaciones por ejecución de hipoteca.

El número de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad en el tercer trimestre de 2017 fue de 9.025, lo que supone un 33,7 % menos que en los tres meses anteriores y un 38,4 % menos que en el mismo trimestre de 2016.

Entre las viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria, 1.584 fueron habituales en propiedad (un 59,8 % menos que en el mismo trimestre de 2016) y 487 no fueron residencia habitual de los propietarios (-54,3 %).

Un 17,5 % del total de ejecuciones hipotecarias fueron viviendas habituales de personas físicas, un 28,9 % correspondía a viviendas de personas jurídicas, y el 5,4 % restante a otras viviendas de personas físicas.

En cuanto a las ejecuciones hipotecarias de otras urbanas (locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos) suponían el 30,8 % del total.

Por lo que respecta al estado de la vivienda, un 22,0 % de las ejecuciones hipotecarias en el tercer trimestre lo fueron sobre viviendas nuevas y un 78 % sobre usadas; el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas nuevas aumentó un 24,4 % en tasa anual, mientras que el de usadas bajó un 48,7 %.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, las de mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas en el tercer trimestre fueron Andalucía (2.099), Comunidad Valenciana (2.074) y Cataluña (988), en tanto que Navarra (20), País Vasco (32) y Asturias (53) registraron el menor número.

En el caso de viviendas, Andalucía (1.425), Comunidad Valenciana (915) y Cataluña (677) presentaron el mayor número de ejecuciones, y Navarra (11), País Vasco (19) y La Rioja (31), los menores.