Diez años del trauma del cierre de Delphi en Puerto Real (Cádiz)

El 22 de febrero del 2007 la dirección de Delphi comunicó al comité de empresa, entonces comandado por Comisiones Obreras, su firma e irrefrenable decisión de cerrar su fábrica gaditana, aduciendo pérdidas millonarias y la incapacidad para asumir las nuevas inversiones necesarias para cambiar el rumbo económico a esta planta, que se había instalado veinte años antes.

Una década después algo más de medio centenar de exoperarios han vuelto a acudir a las puertas de su factoría para participar en una concentración convocada desde el colectivo que representa a los más de 240 que, en todo este tiempo, no han logrado rehacer sus vidas.

"Yo estaba en mi puesto de trabajo, muy cerca de la puerta de acceso al comedor, donde se iba a celebrar una asamblea tras una reunión entre el comité y la dirección, cuando empecé a escuchar los gritos de mis compañeros y un alboroto enorme porque les acababan de decir que la fábrica cerraba", recuerda con muchos detalles uno de esos operarios, Juan José Cumplido.

Aquel 22 de febrero se activó una fuerte red de apoyos a los trabajadores de Delphi, liderada por los trabajadores y sus familias, que consiguió movilizar a decenas de miles de gaditanos en varias protestas, una acción sindical para presionar a la empresa y una respuesta política de la Junta de Andalucía y Gobierno central, cuyos presidentes, Manuel Chaves y José Luis Rodríguez Zapatero, prometieron "no dejar tirados" a estos operarios.

Las protestas no conmovieron a la dirección de la empresa, que echó el cierre y llevó a aprobar el 4 de julio de aquel año un protocolo para activar un dispositivo especial de formación y recolocación.

Los trabajadores siguieron cobrando su sueldo y recibieron cursos para intentar facilitar su inserción en otras compañías, en una acción que, según datos de la Junta, ha costado 260 millones de euros, cantidad que incluye los 120 millones que aportó Delphi para indemnizar a todo el colectivo, con una media de 100.000 euros por empleado.

A eso se suman los 140 millones que el Gobierno andaluz pagó en prejubilaciones, ayudas y talleres de formación, hasta que en el 2012 la Junta cerró el grifo y cortó el protocolo de colaboración de Delphi.

"Han sido diez años de traición, corrupción y engaños", ha denunciado hoy, diez años después, Francisco Senra, a las puerta de la factoría, en nombre de todos los que no consiguieron un empleo.

De los 1.904 empleados de Delphi que se incorporaron al dispositivo especial, unos 240 nunca consiguieron un empleo, de ahí que iniciaran un encierro que llegó a durar 1.074 días en el edificio de los sindicatos.

"Nos prometieron una solución que nunca llegó", protesta Senra, quien culpa, especialmente, a los dirigentes del PSOE y también de Comisiones Obreras que, según su opinión, "se beneficiaron de este cierre".

Durante la concentración, Miguel Paramio, de USO, uno de los cuatro sindicatos que tenían representación en Delphi, ha criticado, además, que la formación recibida, investigada por la justicia por posibles irregularidades, "no les sirviera para nada", con lo que el dinero público invertido fuera inútil.

Al mismo tiempo que se producía esta reunión de exempleados de Delphi, los secretarios provincial de UGT y Comisiones Obreras, Francisco Andreu y Dolores Rodríguez, participaban en Cádiz en otra protesta para pedir más negociación colectiva y allí han lamentado lo ocurrido con Delphi porque, tras diez años de aquel cierre, las naves siguen vacías y los suelos no han podido ser recuperados para un uso industrial.